“Los audios han tenido un impacto demoledor. No podía no hacer lo que ha hecho”, asegura un ejecutivo del sector eléctrico a la vista de los expedientes incoados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el apagón acaecido en España el pasado 28 de abril. Aunque en apariencia los 20 casos abiertos inicialmente -19 a instalaciones de las empresas ...

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y uno a Red Eléctrica (REE)- reparten las culpas, hay un señalamiento al operador de red, en tanto se le imputa una presunta infracción “muy grave”, mientras que el resto de actores tendrán que responder por actuaciones solo “graves”. La cuestión no es baladí. El primer escenario implica, según reza la ley del sector eléctrico, un incumplimiento de funciones que derivaron “en perjuicios al suministro”. El segundo incluye presuntas infracciones en las que “no concurren las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente”. Sin prejuzgar el desarrollo de los expedientes y su conclusión, la CNMC hace de origen una calificación preliminar que deja mejor parados a unos que a otros.

A partir de ahí, la pregunta que queda en el aire es por qué Competencia pone ahora en el disparadero a la compañía que preside Beatriz Corredor, respaldada de forma más o menos explícita por el Gobierno desde el principio de la crisis. Para entenderlo, las fechas importan. El organismo que preside Cani Fernández comunicó la apertura de los expedientes el 17 de abril. Apenas dos días antes, el día 15 de abril, se había desvelado el informe de la comisión de investigación del Senado, con múltiples y mediáticas transcripciones de los diálogos mantenidos entre técnicos de REE y de las compañías. Se trata de conversaciones fechadas días -y hasta meses- antes del fundido a negro. Una llamada entre Endesa Barcelona y Red Eléctrica revela problemas en el funcionamiento del sistema eléctrico ya en enero de 2025, cuatro meses antes del cero nacional. Por mucho que se trate de conversaciones descontextualizadas y facilitadas por una de las partes, es difícil erradicar de la opinión pública la percepción de que, en mayor o menos extensión, el operador del sistema conocía desde mucho antes del 28 de abril que existían tensiones en la operativa. Al menos, lo vivía en sus propias entrañas.

Por la cercanía en las fechas, es difícil no atisbar una correlación entre la publicación del documento y el anuncio de unos expedientes que, paradójicamente, se abrieron ese día y no durante los doce meses anteriores. “No había........

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