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Un sindicato que no asocia a trabajadores ha provocado un adelanto electoral y una huelga general. Las nuevas relaciones sociolaborales tienen como respuesta plataformas que no responden a las instituciones al uso, pero que nacen en realidad de una realidad industrial.

Los movimientos modernos de organización colectiva fuera de los partidos políticos y otras instituciones clásicas como los sindicatos de trabajadores, nacen en los años treinta en Estados Unidos. Es en 1940 cuando en el cinturón industrial de Chicago, el activista Saul Alinsky dinamiza a familias de clase trabajadora para hacer oír su voz y sus necesidades con un éxito que luego se extiende a otras partes y sectores del país, como los agricultores en California. Este movimiento de empoderamiento de las comunidades por fuera de los cauces tradicionales tiene un fuerte impacto, con Barack Obama como uno de sus líderes más reconocibles.

El método “community organizing” se basa en construir un poder político-ciudadano con los resortes de la comunidad, esto es, asociaciones de vecinos, parroquias, AMPAs… Detectan problemas concretos — no se quedan en “pobreza”, lo trasladan a “no puedo pagar el alquiler porque ha subido un 40%— y activan mecanismos de acción directa, — llamar al casero, quejarse al concejal, y así sube el nivel de protesta para elevar la presión— . Por principio, el organizing es apartidista, y solo trabajan en que la comunidad sea tan fuerte que los políticos de cualquier color tengan que escuchar.

Aunque el denominado organizing nace con unas características muy americanas, fuertemente enraizado en las iglesias de diferentes credos de los barrios periféricos, salta a Europa a principios de los noventa, que lo adopta con acento propio. Encuentra su espacio donde hay una carencia social que no está atendida por las organizaciones tradicionales, especialmente por los grandes sindicatos que cada vez encuentran más problemas para llegar a los rincones de una economía descentralizada donde se ha perdido el centro de trabajo. Este es uno de los fuertes del organizing. Es capaz de conectar a individuos que sufren la misma realidad en diferentes espacios. La dificultad para acceder o conservar una vivienda se vive en hogares independientes y amalgamar en un solo movimiento las reclamaciones es un éxito rotundo del movimiento. Pero también vincula nuevas formas de trabajo más o menos autónomo como los riders, o trabajadoras precarizadas por la temporalidad, los turnos y la diseminación de tajos como las kellys o aún por despuntar, las empleadas del hogar.

A España llega con cierto retraso y en 2004 los primeros grupos que protestan por el difícil acceso a la vivienda se hacen notar, con iniciativas como Miles de Viviendas o Guerrilla de Vivienda. Finalmente, las iniciativas cristalizan en 2009, con la fundación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El movimiento se fija objetivos ganables (parar un desahucio) y va creciendo por todo el país. La PAH termina siendo el germen de los partidos de nueva política, principalmente Podemos, y ese devenir además de su propio éxito — se refuerza la protección del hipotecado— y la positiva evolución de la economía le llevan a una paulatina desaparición, mientras toma el relevo el Sindicato de Inquilinas.

Pero la PAH y el Sindicato no sólo se distinguen por su perímetro de acción. También se refina el método. “La PAH era muy asistencialista”, explica Jaime Caro, investigador en movimientos sociales de izquierda y que trabaja para SUMAR. “En 2019 se hace esa reflexión y se asume con mucha más fuerza el método del organizing estadounidense en el que se despliegan mecanismos de cobertura legal, informativa, y se crean brigadas y nodos”, apunta. Para algunos, las acampadas son unas protestas desordenadas y espontáneas, pero no. Se basan en métodos testados y estudiados de intervención, con objetivos tan medibles como los KPIs de las empresas.

Una de las fuerzas de estos movimientos es no institucionalizarse. Pero, entonces, ¿cómo logran su legitimidad? La Constitución española recoge el valor del diálogo social y a los sindicatos de clase —CCOO y UGT a nivel estatal— como interlocutores válidos del Gobierno. Son actores medidos y tasados que ya tienen su hueco en los marcos jurídicos. ¿Cómo hacen estos........

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