Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, decía esta semana que la falta de vivienda a precio asequible va a expulsar a las izquierdas de los gobiernos. Era una manera de dibujar cuál es el mayor problema de este país, algo de lo que hay conciencia pero pocas soluciones, que además tardarán años en dar resultado. Las diferentes administraciones no se pueden llamar a andanas, puesto que tienen muchísimo que ver con la situación y en las soluciones a aportar. Quizá por eso, los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se han lanzado a pedir al Gobierno flexibilidad para poder utilizar en vivienda el superávit de casi 11.500 millones acumulado en 2024 y 2025, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF),a los que se sumarán otros 3.500 millones este año.

El Gobierno ya aprobó a primeros de diciembre pasado un real decreto ley que permite a las entidades locales utilizar el superávit de las cuentas de 2024 en lo que se denominan Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) durante tres años (2025-2027), sin que además computen como gasto en esos años, ya que como su nombre indica son inversiones que tienen que contar con un plan económico que las haga sostenibles, lo que supone que normalmente se destinen a infraestructuras cuya vida es muy larga, como es vivienda, centros docentes o de asistencia sanitaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, recogida de basuras, alumbrado, carreteras, etc.

La buena situación financiera de los ayuntamientos es consecuencia de las lecciones aprendidas con la gran crisis de hace década y media. En 2012, recién llegado Mariano Rajoy al Gobierno, se aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y........

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