Cuando se le pierde el respeto a lo público, es decir, a lo que representa a la totalidad de la ciudadanía, se están dando pasos ... por un terreno pantanoso y muy peligroso cuando se vive en un estado democrático.

Es una obviedad. Pero cada día parece que se ha olvidado que la gestión de los recursos públicos es una tarea delicada y que debe llevarse a cabo con el mayor de los cuidados y con muchísimo respeto. En esos casos no se llevan las riendas de un solar particular. Se trata de la casa de todos, porque los ciudadanos que tienen contacto directo con esa institución pública como los que no, de una u otra forma, la sustentan con sus impuestos.

Las alarmas democráticas se deberían disparar al instante cuando esta forma errónea y peligrosísima de entender la gestión pública no es un hecho aislado. Al contrario, se repite y se extiende por distintos ámbitos y a diferentes escalas.

Que la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuya gestión en parte está judicializada, haya vuelto a cerrar el año pasado con 1,7 millones de euros de déficit y 7,2 de deuda generaría, en un estado donde la gestión pública fuera sagrada, una catarata de ceses y dimisiones. Por suerte, en 2025 no hubo pandemia ni emergencias de ningún tipo que justificaran ese despilfarro y esa avalancha de impagos. Solo tiene dos justificaciones, una gestión pésima o una directriz desde quienes presiden su consejo de administración y desde el Ayuntamiento para que se gaste muchísimo más de lo presupuestado y ya se verá cuándo y cómo se paga. Esa forma de actuar en democracia es intolerable. En una dictadura, puede que sí.

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