Deben estar preparándose en el meollo de las organizaciones políticas y de las administraciones públicas -aún en las de recursos más limitados- para la tramitación y entrada en vigor de la Ley de Publicidad del Sector Público, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero. Cada vez resulta más preocupante un cierto descontrol y un aparente derroche que se aprecia en el manejo de este capítulo en ayuntamientos e instituciones locales, a la vez que medianas y pequeñas productoras y empresas de comunicación empiezan a acostumbrarse a la laxitud, los vacíos legales para subsistir y depender cada vez más de ese recurso o ingreso en la contabilidad presupuestaria. La costumbre puede cambiar de faz, cuando menos. Parece que tanta alegría en el gesto se va a acabar.

La futura norma -a la espera de los resultados de la tramitación parlamentaria- trata de adaptar la normativa al reglamento europeo, limitando al 35% la dependencia de medios de la publicidad institucional para aumentar la transparencia, objetividad y pluralismo, afectando también a plataformas digitales. 

Veamos algunos aspectos sobresalientes del anteproyecto.

Objetivo........

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