La relación entre salud mental y políticas migratorias represivas ya no es un debate lejano para Europa. El 17 de junio de 2026, el Parlamento Europeo aprobó en Estrasburgo, por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, una reforma del Reglamento de Retorno que endurece de forma sustancial el control y la expulsión de personas extranjeras en situación irregular: habilita la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea, amplía la detención hasta veinticuatro meses —con una posible prórroga de seis más— y otorga a las autoridades nacionales nuevas facultades de registro domiciliario [1].

El debate público se ha centrado, sobre todo, en la eficacia de estas medidas y en su compatibilidad con el derecho internacional. Pero la evidencia psicológica apunta a otro coste, menos visible y mucho más extendido: el deterioro de la salud mental de personas migrantes que llevan años, a veces décadas, viviendo, trabajando y criando a sus hijos e hijas en suelo europeo.

No hablamos solo de quienes podrían ser expulsados. Hablamos de comunidades enteras que empiezan a vivir bajo un clima de incertidumbre, hipervigilancia y miedo crónico [3][4].

Un modelo que ya conocemos: la sombra de ICE sobre Europa

La nueva normativa europea no instaura, como tal, devoluciones sumarias en frontera: de hecho, exige expresamente que los acuerdos con terceros países respeten el principio de no devolución. Lo que sí introduce es una arquitectura de control mucho más amplia, con centros de internamiento en países extracomunitarios, detenciones más prolongadas, registros domiciliarios y una obligación estricta de cooperación para las personas sujetas a expulsión [1].

Varios eurodiputados y organizaciones humanitarias han señalado el parecido de este modelo con el que Estados Unidos ha desplegado a través de ICE en los últimos años, advirtiendo del riesgo de normalizar la detención de personas sin antecedentes penales y de extender controles cada vez más invasivos [1]. Desde Cáritas Europa se ha alertado de que este tipo de medidas puede “estigmatizar y criminalizar” a la población migrante en un momento en que las sociedades europeas necesitan más cohesión, no menos [1].

Desde la psicología social, esta arquitectura institucional convierte el miedo en una condición estructural, no en una respuesta puntual a una amenaza concreta. Es exactamente el mecanismo que la literatura ha documentado en Estados Unidos durante el último año y medio: cuando el control migratorio se intensifica, el miedo deja de depender del riesgo real de cada persona y empieza a regular la vida cotidiana de comunidades enteras [6][8].

Estrés crónico, ansiedad y trauma psicológico

A diferencia del estrés agudo, ligado a un evento puntual, la amenaza migratoria sostenida genera estrés crónico, uno de los factores más dañinos para la salud mental. La evidencia clínica disponible en Europa ya apunta en esta dirección: un estudio realizado en España sobre personas internadas en Centros de Internamiento de Extranjeros encontró que siete de cada diez desarrollan sintomatología ansiosa y depresiva clínicamente........

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