El rechazo a la convalidación de los dos reales decretos-ley sobre vivienda en el Congreso de los Diputados, orquestado este viernes con los votos en contra de Junts, el Partido Popular y Vox, no es un simple desacuerdo sobre política habitacional. Tras la caída de estas medidas —vendidas institucionalmente como el blindaje definitivo de la función social de la vivienda tras el dramático desahucio de Mari Carmen Abascal—, se esconde una maniobra política de mucho mayor calado. Estamos ante una venganza política consumada, un ajuste de cuentas diseñado milimétricamente desde Waterloo. Carles Puigdemont, obligado al exilio durante nueve años a raíz de la represión del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, ha hecho morder el polvo al Gobierno de Pedro Sánchez, al ser coautor el PSOE, junto al PP, de la intervención de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución Española.

Pero reducir este episodio a una vendetta personal sería un error de análisis. Lo que ha caído con los decretos no es solo un paquete de medidas habitacionales, sino la máscara de una legislatura que nació herida de muerte. Para comprender la magnitud de este jaque, debemos retroceder a la génesis de esta legislatura y, más atrás aún, a las contradicciones no resueltas del régimen de 1978. La Transición no fue una ruptura democrática, sino un reformismo, con una transformación desde arriba que preservó intactos los privilegios de la oligarquía, de la Iglesia Católica, los aparatos de poder —judicial, policial, militar— heredados del franquismo, mientras integraba a las élites políticas de la oposición en un nuevo consenso constitucional, bajo una monarquía instaurada por la dictadura franquista. Ese pacto, sin embargo, dejó sin resolver la cuestión nacional catalana y vasca, y consagró un Poder Judicial que nunca ha dejado de ser un reducto de la reacción. La crisis actual no es sino la erupción de esas contradicciones largamente reprimidas. No estamos ante un accidente parlamentario, sino ante una crisis orgánica del régimen: la clase dominante ha perdido su capacidad de ejercer la hegemonía, y el Estado se descompone por momentos.

Los siete escaños de Junts, surgidos de las elecciones generales de 2023, fueron la llave esencial para la investidura de Pedro Sánchez. La condición innegociable: la ley de amnistía. Sin embargo, el camino hacia el olvido penal se ha topado con la resistencia numantina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Mediante lo que no pocos juristas califican de subterfugios legales propios de un lawfare, el Supremo ha obstaculizado sistemáticamente la aplicación de la amnistía a los líderes del procés, especialmente en lo referente al delito de malversación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictaminado que no existió malversación de fondos europeos en el procés. Luxemburgo rechazó que la protección de los intereses financieros de la Unión, prevista en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pueda extenderse a perjuicios exclusivamente nacionales mediante conexiones hipotéticas o indirectas. La sentencia del TJUE de julio de 2026 impedía mantener el segundo de los dos motivos esgrimidos por el juez Llarena para denegar la amnistía: el de la afectación a los intereses financieros de la UE. El magistrado del Supremo admitió que no se gastaron fondos europeos, pero se aferró al otro argumento —el supuesto beneficio personal patrimonial— para mantener........

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