La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la macrocausa del caso Plus Ultra que instruye la Audiencia Nacional rebasa los cauces ordinarios de una instrucción penal basada en hechos concretos para internarse en el terreno de la excepcionalidad jurídica. Un examen riguroso del auto que lo imputa de graves delitos revela que no estamos ante una investigación penal convencional, sino ante un hecho judicial que sirve objetivamente a una estrategia de asedio multifactorial en la que el proceso penal se utilizará no sólo para erosionar al Gobierno de coalición, sino provocar su caída efectiva. Nos hallamos, en suma, ante una operación de diseño transnacional donde confluyen de manera simbiótica dos objetivos estratégicos perfectamente coordinados: la neutralización de un actor clave de la diplomacia paralela y el derrocamiento de un Ejecutivo considerado hostil por los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

El vicio radical que envenena la validez de toda la instrucción radica en la falta de garantías y la indefensión que trae consigo la nulidad de origen de su principal elemento de cargo, a la que se añade la absoluta insostenibilidad de su imputación con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El núcleo de la incriminación al expresidente español descansa sobre el volcado informático de un dispositivo móvil incautado en suelo estadounidense (Miami) al empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, que fue accionista mayoritario de la aerolínea Plus Ultra. Dicha extracción digital fue ejecutada de forma unilateral por la agencia Homeland Security Investigations (HSI) sin mediar orden judicial previa, amparándose en la agresiva doctrina norteamericana del «registro excepcional en fronteras». Partiendo de ese origen espurio, el andamiaje de la imputación se desmorona técnicamente: el auto judicial sustituye la certidumbre fáctica por una retahíla de conjeturas,........

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