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El árbitro que quiso ser futbolista: Marchena y la injerencia política del Tribunal Supremo

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07.11.2026

Es casualidad; es causalidad histórica. Que Manuel Marchena eligiera Las Palmas, su tierra natal, un Colegio de Abogados convertido en improvisado púlpito y un acto de condecoración entre operadores jurídicos para lanzar su nueva andanada contra el Gobierno, cuestionando además a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Constitucional, no admite una lectura ingenua bajo el reduccionismo técnico del derecho procesal. Si descorremos el velo del fetichismo legal, lo que emerge con nitidez no es la defensa de la Constitución, sino su instrumentalización política. No estamos ante un magistrado que reflexiona sobre los límites del Estado de derecho; estamos ante un actor que interviene directamente en la contienda partidista.

Y lo confesó él mismo, sin percatarse del alcance de sus palabras, con la ligereza de quien cree estar protagonizando un chiste corporativo. Dijo que lo bonito del partido es ser futbolista, no árbitro; que si a un jugador le preguntan si prefiere ser jugador o árbitro, jamás responderá que quiere ser árbitro; que lo hermoso del plenario y del juicio oral es ser abogado o fiscal. Digámoslo con rigor jurídico y claridad política: un magistrado del Tribunal Supremo que declara públicamente que no quiere arbitrar, sino jugar, parece que emerge de su subconsciente una abdicación de su función jurisdiccional para convertirse en parte. Ha enunciado, sin ambages, su propio programa. El imperio de la toga ya no aspira a modular ni arbitrar el juego democrático: pretende jugarlo y ganarlo desde el estrado.

Ese programa ya estaba escrito, con firma y sello, en el infausto informe contra los indultos a los condenados por el procés. El 26 de mayo de 2021, la Sala Segunda, en la causa especial 3/20907/2017, informó negativamente la concesión de cualquier forma de gracia, total o parcial, a los soberanistas catalanes condenados por la sentencia 459/2019. La Sala no se limitó a ponderar los conceptos jurídicos indeterminados que la Ley de Indulto de 1870 encomienda al tribunal sentenciador —justicia, equidad y utilidad pública—. Decidió erigirse en segunda instancia del Gobierno, en censor supremo de la política de gracia y en tribunal de conciencia de los penados, al entrar en que no hubo arrepentimiento, hecho que no contempla la Ley de Indulto. Sostuvo que el indulto no puede ser un «recurso de alzada» contra una sentencia firme y, acto........

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