El 15 de agosto no existió un intento de entrada masiva en Ceuta. Lo que presenciamos fue la escenificación de un teatro de operaciones tan viejo como rentable para la satrapía alauita: una maniobra de coerción calculada, minuciosamente instrumentada para pasar la factura en los despachos de Bruselas. Para desentrañar la arquitectura de esta representación, es imprescindible revisar primero el baile de cifras del episodio anterior —30 y 31 de julio—, donde el propio Estado español se vio obligado a corregir su relato a medida que la realidad desmontaba la versión inicial.

Aquel fin de semana no entraron 40.000 personas como se afirmó en un primer momento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a Ceuta denunciando una «violación de la integridad territorial» e imputando la responsabilidad en exclusiva a las mafias. Sin embargo, la contabilidad fue mutando al ritmo de la conveniencia política: de los 40.000 o 50.000 iniciales —versión destinada a minimizar el impacto—, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que elevar la cifra a 72.000. Fuentes gubernamentales y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, terminaron admitiendo ante el Parlamento Europeo un saldo de hasta 80.000 entradas y 75.000 devoluciones exprés en apenas 24 horas. La brecha entre el relato y los hechos puso al descubierto la mayor irrupción instrumentalizada de la historia........

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