Canarias proyecta al exterior una imagen luminosa, casi idílica. Sin embargo, cuando se observa con atención la realidad de la infancia, esa postal se agrieta. Cuatro de cada diez niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión social. No es un dato anecdótico ni una mala racha estadística. Es la expresión de una fractura estructural que atraviesa el Archipiélago y que tiene una dimensión especialmente incómoda: la desigualdad territorial.

En Canarias, el código postal pesa demasiado. No solo determina el paisaje que se ve desde la ventana, sino las oportunidades reales a las que se puede acceder. Mientras en las áreas metropolitanas la pobreza se hace visible en la precariedad laboral o en la escalada del precio de la vivienda, en las zonas rurales y en las islas no capitalinas adopta una forma más silenciosa. Es una pobreza de acceso. No siempre se percibe a simple vista, pero limita trayectorias desde la primera infancia.

Para muchas familias de las medianías o de municipios alejados de los grandes núcleos, el problema no es únicamente la renta. Es la distancia. Distancia a un recurso de atención temprana, a un especialista en salud mental infantil o a una escuela infantil pública. Cada necesidad se traduce en desplazamientos largos, costes añadidos y una logística imposible para quienes ya viven en precariedad. Esta doble insularidad, geográfica y social, coloca a la infancia rural en........

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