Hay algo profundamente contradictorio en una sociedad que proclama la dignidad de la persona como fundamento de su orden político y, al mismo tiempo, acepta con normalidad que miles de ciudadanos vivan bajo la amenaza permanente de perder su hogar. Hemos convertido la vivienda, una necesidad humana esencial, en uno de los principales instrumentos de inversión y acumulación de riqueza, olvidando algo elemental: los inquilinos no son mercancías ni cifras en una cuenta de resultados. Son personas, con familias, proyectos de vida y derecho a un mínimo de estabilidad.

No se trata de negar la propiedad privada ni de cuestionar que un propietario obtenga una rentabilidad legítima por alquilar su vivienda. Se trata de distinguir entre el ejercicio razonable de un derecho y el aprovechamiento económico de una necesidad humana, especialmente cuando los precios de compra y alquiler se sitúan en niveles históricamente elevados. Una cosa es obtener beneficios de una propiedad y otra convertir la necesidad ajena en una oportunidad de enriquecimiento sin límites.

La creciente presencia de fondos de inversión, sociedades inmobiliarias y grandes tenedores en determinados mercados ha contribuido a que la vivienda sea tratada cada vez más como un activo financiero. Cuando la rentabilidad se convierte en el único criterio, el inquilino pasa a ser una variable económica: si puede pagar más, se puede quedar; si no, se le intenta echar........

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