Para Rodrigo Paz solo pasaron 10 meses de los 60 que en términos normales debería durar su gestión, pero el gobierno del heredero de una dinastía presidencial boliviana navega en una especie de campo minado de descontento social, dilemas institucionales y fuerzas criminales: las protestas sociales se multiplican, cada caso de corrupción parece más grave que el anterior y ahora se llegó a sospechar que el gobierno tenía un cerebro gris ligado a escandalosos casos que lindan con lo criminal.

La ciencia política comparada ha documentado exhaustivamente el fenómeno de las «presidencias interrumpidas» en América Latina. Los estudios de Pérez-Liñán, Negretto y Hochstetler demuestran que las caídas presidenciales rara vez son producto de un solo evento, sino de la convergencia sistémica de variables estructurales y coyunturales. El patrón es claro: la vulnerabilidad no depende únicamente de tener minoría legislativa. De hecho, una mayoría parlamentaria articulada mediante «pagos de lealtad» —como los 5000 dólares que según Nadia Beller se pagan a parlamentarios de oposición— o incentivos particularistas constituye una coalición transaccional de alta fragilidad.

Según la literatura, cuando los escándalos de corrupción se multiplican, estas alianzas se fracturan rápidamente: los aliados calculan que el costo político y judicial de la asociación supera los beneficios del patronazgo, abandonando al mandatario para salvar su propia supervivencia. Si a esta erosión interna se suma un contexto de inflación, reformas de liberalización económica impopulares y un debilitamiento democrático que anula los contrapesos institucionales, el gobierno pierde su «escudo callejero». En este escenario, la protesta masiva se activa como el único mecanismo restante de control vertical, presionando a una legislatura oportunista para que deje de ser un escudo y se convierta en el instrumento de la caída. Paz, pese a su mayoría, ya convive con casi todos estos factores detonantes.

Así, el presidente que llegó al poder prometiendo un “capitalismo para todos” y el fin del “Estado tranca” de la corrupción masista, hoy enfrenta una paradoja cruel: su gobierno ha allanado el camino para el eventual retorno del mismo Evo Morales que prometió enterrar.

El costo político de las promesas rotas

Paz llegó al poder en noviembre de 2025 como una de las mayores sorpresas de la política boliviana reciente. En la primera vuelta, desplazó inesperadamente a Samuel Doria Medina. En la segunda, sucedió algo más sorprendente: un gran porcentaje de los cerca de 1.300.000 votos nulos que propició Evo Morales se dirigieron a Rodrigo Paz. El hijo de Jaime Paz se había impuesto sobre Jorge Quiroga con los votos logrados en los recintos que durante casi 20 años habían sido de Evo Morales. “Paz gana con los votos de Evo”, se resumía en los análisis políticos, y de ahí salía una conclusión incómoda: llegó a la presidencia más por una extraordinaria conjunción de circunstancias políticas que por la fortaleza de una estructura partidaria que nunca tuvo.

Su base política, frágil desde el origen, se ha desmoronado con rapidez. Según Ipsos Ciesmori, su aprobación cayó de 65% en noviembre de 2025 a 32% en julio de 2026, mientras su desaprobación subió a 55%. Tres de cada cuatro encuestados creen que el país va por mal camino.

El abismo entre el discurso y la práctica es profundo. Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información, lo sintetizó: “Hay una enorme brecha entre lo que Paz prometió y lo que ha hecho en la práctica, que es seleccionar un gabinete blanco, de clase media-alta, con solo dos mujeres, rechazar cualquier diálogo genuino, rechazar la interacción con los movimientos sociales bolivianos, o incluso tener empatía” (Democracy Now).

El fin de los “conquistas”

Con el recuerdo de la hiperinflación de los años 80, la estabilidad económica de los casi 20 años de gestión del MAS se había convertido en una especie de conquista social que tenía como base la estabilidad del precio del boliviano con relación al dólar y la subvención al precio de los combustibles.

El 17 de diciembre de 2025, Paz eliminó por decreto la subvención a los combustibles, un beneficio que durante casi 20 años mantuvo anclado el precio de la gasolina. La medida, que el gobierno justificó como un “salvataje económico histórico”, elevó el precio de la gasolina de US$0,53 a US$1,00 por litro. El diésel, el carburante más escaso, pasó de costar 0,85 a 1,56 dólares por litro para empresas.

El gobierno argumentó que la subvención representaba una sangría anual de más de 2.000 millones de dólares y que la medida era inevitable. Pero para la población, la eliminación de un subsidio que durante 20 años mantuvo estable el precio del combustible representó un golpe directo a su bolsillo. Los transportistas y pequeños comerciantes han advertido de una mayor subida de costos en sus servicios y productos.

El segundo golpe llegó el 29 de junio de 2026, cuando el gobierno abandonó el régimen de dólar fijo (Bs 6,96) vigente desde hacía 15 años. El nuevo dólar oficial se fijó en 9,73 bolivianos, una devaluación del 40%. Dos semanas después ya cotizaba a 10,75. La inflación anual alcanzó el 12,5% en junio y el FMI pronostica que llegará al 20% para fin de año.

El gobierno insiste en que estas reformas, y las otras que el gobierno presenta, eran necesarias para revertir la recesión y atraer inversiones. Sin embargo, los analistas no parecen compartir los criterios del gobierno. Uno de ellos, Bernardo Pachecho, afirma que «el problema es que el plan económico del presidente Paz parece ser más un discurso que una realidad. El ‘capitalismo para todos’ aún no se sabe bien qué significa. En los seis meses de gobierno se han realizado reformas, pero con mucha lentitud y sin una dirección clara. El gradualismo en las medidas económicas genera incertidumbre y especulación» (La Tercera). Desde el frente social, en junio, el exconstituyente Luis Alfaro, recordó que “Rodrigo Paz pidió un voto no partidario y muchos sectores populares votamos por él. Pero cuando llegó al Gobierno hizo un giro de 180 grados completamente”. (El país)

53 días que paralizaron el país

Las protestas que estallaron el 1 de mayo de 2026 no fueron un estallido espontáneo. Fueron la culminación de un descontento que venía acumulándose desde los primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz, alimentado por dos factores que golpearon directamente el bolsillo y la vida cotidiana de los bolivianos: la «gasolina basura» y el deterioro acelerado de la economía.

El detonante inmediato fue la Ley 1720 de Conversión de Tierras, que autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria a convertir pequeñas propiedades rurales en medianas, con el objetivo declarado de facilitar el acceso al........

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