El gobierno del presidente Rodrigo Paz reorganizó el sistema de comunicación estatal mediante los decretos supremos 5550 y 5566, que crean una Unidad de Comunicación Estratégica del Estado encargada de la administración de medios públicos, el desarrollo y análisis de herramientas de “escucha social” en redes, la coordinación de la publicidad del sector público y el relacionamiento operativo con medios privados, centralizando en la Presidencia la arquitectura institucional de la política comunicacional.

La nueva estructura surge de la combinación del Decreto Supremo 5550, que redefine la organización interna de la comunicación del Órgano Ejecutivo, y el Decreto Supremo 5566, que convierte la Unidad de Comunicación Estratégica en una entidad pública descentralizada con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera.

Según el decreto, la entidad operará bajo tuición del Ministerio de la Presidencia y mantendrá dependencia funcional de la Jefatura de Gabinete, mientras que su Director General Ejecutivo será designado por el Presidente mediante Resolución Suprema y no contará con directorio institucional.

Centralización de medios estatales

Entre sus funciones, la entidad administrará los principales medios de comunicación del Estado, entre ellos la Agencia Boliviana de Información (ABI), la Red Patria Nueva, el periódico estatal Ahora el Pueblo y el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPOs).

La reorganización integra en una misma estructura la producción informativa, la difusión radial y la comunicación institucional del gobierno, que anteriormente operaban en diferentes instancias del Ejecutivo.

El decreto también introduce modificaciones en la gobernanza de Bolivia TV, cuyo directorio será presidido por un representante del Ministerio de la Presidencia y cuyo gerente general será designado por el jefe de Estado mediante resolución suprema.

Monitoreo y “escucha social”

La norma establece además que la unidad desarrollará herramientas de monitoreo informativo y análisis de percepción pública, incluyendo la observación del desempeño de canales digitales institucionales y la llamada “escucha social” en redes vinculadas a la gestión gubernamental.

Entre sus funciones también figura la creación de sistemas de investigación y sistematización de demandas sociales y de opinión pública, así como la generación de métricas para evaluar la comunicación de la gestión gubernamental.

Estas funciones implican la observación sistemática de medios tradicionales, plataformas digitales y redes sociales, con el objetivo de medir la recepción pública de las acciones gubernamentales y ajustar estrategias de comunicación institucional.

Relación con medios privados

El DS 5550 también incorpora dentro de la estructura comunicacional del Ejecutivo el relacionamiento operativo con medios de comunicación privados, formalizando un ámbito institucional para la interacción entre el gobierno y el sistema mediático.

La norma establece además que contratos, convenios y procesos administrativos vinculados a campañas comunicacionales del Estado serán asumidos por la nueva estructura o por el Ministerio de la Presidencia, integrando en un mismo marco administrativo la planificación y ejecución de acciones de difusión pública.

Asimismo, la unidad deberá coordinar la prestación de servicios de publicidad y otras actividades relacionadas con la comunicación social e información, en coordinación con las áreas administrativas correspondientes.

Coordinación de vocerías

La nueva unidad también deberá identificar y capacitar vocerías nacionales y regionales, coordinar conferencias de prensa y desarrollar estrategias de comunicación digital para los canales oficiales del gobierno.

Asimismo, la entidad será responsable de coordinar acciones de comunicación interministerial, con el objetivo de articular la difusión de políticas públicas y programas gubernamentales.

El decreto dispone además la transferencia de activos, personal y recursos de anteriores unidades de comunicación estatal a la nueva entidad en un plazo de hasta 30 días.

El gobierno sostiene en la norma que la implementación de la nueva estructura no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, en línea con el proceso de reorganización administrativa impulsado por el Ejecutivo.

El decreto fue aprobado en un contexto político marcado por tensiones regionales y episodios recientes que han expuesto dificultades en la coordinación comunicacional del gobierno.

Entre ellos figura la controversia por el plan de redistribución de recursos denominado “50/50”, impulsado por el presidente Rodrigo Paz.

Sectores cívicos en Santa Cruz de la Sierra protestaron tras declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien afirmó que la implementación del modelo podría demorar “tres días, semanas o hasta 10 años”. Las declaraciones generaron críticas de líderes regionales, que acusaron al gobierno de mantener una postura centralista y exigieron, por segunda vez, la renuncia de la autoridad.

El escenario también incluye cuestionamientos por la calidad de las gasolinas y la escasez de combustible, situación que derivó en posiciones contradictorias dentro del Ejecutivo y largas filas en estaciones de servicio en ciudades como Santa Cruz de la Sierra y La Paz.

Otro episodio es el cambio de billetes de la Serie B, que en los últimos días generó filas en puertas del Banco Central de Bolivia tras anuncios contradictorios sobre la validez de la nueva moneda. Parte de esos billetes resultó quemada o robada en el accidente de un avión Hércules ocurrido en El Alto.

Con la nueva unidad, el Ejecutivo busca consolidar una estructura integrada de comunicación estatal capaz de producir contenidos coherentes a través de los medios públicos, coordinar campañas informativas y responder de forma más rápida y eficiente en situaciones de crisis.

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