La diputada de Libre, Lissa Claros, informó que su bancada presentó una denuncia penal contra el ex presidente de YPFB, Yussef Akly; el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; y el director de la ANH, por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Claros sostuvo que la crisis del combustible “no se soluciona con una destitución” y pidió la intervención del Ministerio Público. “No puede quedar en la impunidad”, afirmó, al anunciar además que solicitarán alerta migratoria contra Akly.

La denuncia se presenta en medio de una crisis que ya provocó la salida de Akly de la presidencia de YPFB y la posesión de Claudia Cronenbold como nueva titular de la estatal, en un intento del Gobierno por enfrentar los cuestionamientos por la calidad del combustible y restablecer la confianza en el sistema de abastecimiento.

El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, denunciaron en conferencia la existencia de una “red internacional” que habría adulterado combustible en al menos 5.000 cisternas, afectando unos 150 millones de litros en cinco meses.

Según el Gobierno, el combustible era desviado y mezclado con agua y aceite en operaciones que habrían ocurrido en países como Chile, Paraguay y Argentina.

Paz calificó estos hechos como “sabotaje” y aseguró que existen responsables que ya estarían detenidos, aunque hasta el momento no se han hecho públicos nombres ni estructuras concretas vinculadas a la presunta red.

La crisis por la gasolina basura, que ha generado protestas del transporte y daños a vehículos, se ha convertido en uno de los principales focos de presión política y judicial sobre el sector energético.

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