El 13 de octubre recién pasado se conmemoró el Día Nacional de la Seguridad Minera, por el rescate de los 33, y se resaltó que la vida está por sobre toda meta productiva. Durante esa misma jornada, Sernageomin lamentaba tres muertes en 48 horas, dos en El Teniente y una en Coquimbo. Al día siguiente murió un operador de bulldozer en la mina Aguilucho, en Taltal. Es la séptima muerte en faenas mineras desde el 23 de septiembre y la cuarta en 72 horas.

Según Sernageomin, el balance al 13 de octubre era de 12 fallecidos en 2026, y con Taltal son 13. Es más que los 11 de todo 2024, iguala los 13 de 2023 y queda a siete de los 20 de 2025, con casi tres meses por delante.

El problema no es solo minero. Según el Informe Anual 2025 de SUSESO, 225 personas murieron por accidentes del trabajo en mutualidades e ISL, sin contar los de trayecto, y el organismo advierte que persisten riesgos críticos, sobre todo en accidentes graves y fatales. SUSESO fija además la meta de bajar la mortalidad a 2,1 por cada 100.000 trabajadores en 2028. La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028 reconoce un avance real: la tasa bajó de 4,5 en 2015 a 2,7 en 2022.

Esa política dice qué hacer, y lo dice con claridad. Establece que la seguridad es un derecho fundamental y que la prevención debe priorizar eliminar o controlar el riesgo en su origen, desde el diseño de los puestos de trabajo. Exige que las empresas principales cumplan su deber de prevención, lo que importa en una minería llena de contratistas. Pide fiscalizadores con........

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