La reciente promulgación en nuestro país de la Ley Nº 21.827, conocida como “Ley Escuelas Protegidas”, ocurre en medio de una coyuntura socioeducativa compleja. El debate sobre la seguridad y la convivencia escolar es urgente, así como la necesidad de proteger a todos los integrantes de las comunidades educativas frente a situaciones de violencia. Sin embargo, la aplicación de sus herramientas más drásticas exige un análisis cuidadoso de sus límites jurídicos y prácticos.

Particularmente, debe llamarnos la atención lo que esta ley dispone en su artículo siete, pues permite, en lo esencial, que los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar de los establecimientos educacionales establezcan un procedimiento administrativo para suspender temporalmente el ingreso de padres, madres o apoderados que agredan física, verbal o digitalmente a funcionarios o estudiantes.

Es crucial entender que no se trata de una prohibición de ingreso automática,........

© BioBioChile