Toda democracia constitucional descansa sobre un principio elemental: quienes ejercen el poder deben aceptar que existen instituciones llamadas a controlarlos. No basta con ganar elecciones. Gobernar democráticamente supone, también, reconocer la legitimidad de los contrapesos, incluso —y sobre todo— cuando sus decisiones resultan incómodas.

Durante los primeros meses del gobierno del presidente José Antonio Kast, se ha comenzado a instalar una práctica preocupante en sectores de la derecha: cada vez que una institución adopta una decisión contraria a sus intereses, la respuesta no se limita a discrepar, recurrir o corregir el proyecto cuestionado; se pone en duda la legitimidad del órgano, se anuncian reformas a su composición o atribuciones, se presiona políticamente a sus integrantes o se propone cambiar la propia Constitución para obtener, por otra vía, aquello que el ordenamiento jurídico impidió.

Enfrentamos señales de erosión democrática que denunciamos y rechazamos, porque estamos a tiempo de impedir que estas prácticas destruyan nuestra democracia.

El episodio más reciente ocurrió con la Contraloría General de la República. El organismo concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones y faltó a su deber de abstención al solicitar a la Policía de Investigaciones antecedentes vinculados a una causa que había conocido anteriormente como fiscal regional. Tras el dictamen, altos directivos del Partido Republicano y de la UDI, acusaron a la Contraloría, encabezada por Dorothy Pérez, de haberse excedido en sus atribuciones.

La secuencia se repite con el Tribunal Constitucional. Después de........

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