La reciente noticia sobre la evaluación gubernamental para postergar la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales –fijada inicialmente para el 1 de diciembre de 2026– ha encendido las alarmas en el ecosistema digital y corporativo.

El rechazo del Senado a la terna para conformar el Consejo Directivo de la nueva Agencia ha evidenciado una preocupante traba política. Sin embargo, para el mundo empresarial, interpretar esta pausa legislativa como un “respiro” o un alivio operativo es un error estratégico de proporciones colosales.

Mientras en el Congreso se debaten plazos y nombramientos, en la calle la crisis de confianza ya está instalada y cuantificada. De acuerdo con la reciente encuesta de Descifra y Artool (publicada por La Tercera), un abrumador 77% de los ciudadanos siente poco o nada de control sobre lo que las empresas y aplicaciones hacen con sus datos personales. Peor aún, al 91% le preocupa “mucho o bastante” que las plataformas utilicen sus datos a sus espaldas.

La ciudadanía no está esperando a que un organismo fiscalizador abra sus puertas para exigir respeto; el mercado ya........

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