Hay tareas de gobierno y tareas de Estado. La Comisión Verdad y Niñez pertenece, sin duda, a las segundas. Por eso resulta preocupante que un cambio de administración pueda traducirse, en los hechos, en el debilitamiento de un proceso que Chile demoró décadas en asumir. Creemos que eso es precisamente lo que está ocurriendo.

La creación de la comisión responde a una deuda histórica largamente documentada y reconocida —aunque no abordada— por organismos públicos, gobiernos de distintas tendencias, organizaciones de víctimas, la academia y organismos internacionales. El decreto que la creó recoge estos antecedentes y el compromiso asumido por el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Su mandato es esclarecer las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1979 y 2024, reconstruir sus antecedentes y circunstancias, escuchar a víctimas y sobrevivientes, reconocerlas como tales, generar espacios de participación y formular propuestas de reparación y garantías de no repetición.

Durante su primer año de funcionamiento se diseñó una estructura con los lineamientos metodológicos y técnicos necesarios para cumplir esa tarea. El documento de instalación entregado en febrero de 2026 sistematizó este trabajo: protocolos de escucha y cuidado para evitar la revictimización, mecanismos de participación incidente, criterios para el reconocimiento de víctimas y el análisis de información, y una metodología para construir una verdad histórica a partir de múltiples fuentes y, especialmente, de los testimonios de quienes sufrieron estas vulneraciones.

La experiencia comparada muestra el riesgo de subestimar el tiempo necesario para instalar y ejecutar un proceso de esta naturaleza. Asimilarlo a la Comisión Valech resulta inadecuado: son distintos sus mandatos y contextos históricos. La Comisión Verdad y Niñez debe abordar más de cuatro décadas de institucionalización de niños, niñas y adolescentes, incluyendo tanto la dictadura como los........

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