Chile enfrenta nuevamente una discusión que debiera preocupar profundamente a toda la ciudadanía y no solamente al mundo político. Durante los últimos días hemos visto cómo distintos sectores han comenzado a impulsar públicamente fórmulas de indulto o beneficios especiales respecto de uniformados condenados por graves violaciones a los derechos humanos, reabriendo un debate extremadamente delicado para nuestra democracia y nuestra convivencia institucional.

Pero lo verdaderamente preocupante no es solamente la contingencia.

Lo verdaderamente grave es constatar que, una vez más, reaparece en Chile una vieja costumbre política: intentar utilizar el poder presidencial para intervenir decisiones que corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia.

Y eso representa un problema mucho más profundo de lo que algunos quieren admitir. Porque esta discusión no comenzó ahora.

Nuestro país ya enfrentó una severa crisis institucional cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric decidió conceder indultos a personas condenadas por delitos cometidos durante el estallido social, una decisión que generó una enorme controversia pública, tensionó la relación con el Poder Judicial y abrió un debate que sigue completamente vigente sobre los límites constitucionales de las atribuciones presidenciales.

Pero quiero ser absolutamente claro. El problema nunca ha sido solamente quién recibe un indulto.

Seamos francos. En Chile llevamos demasiado tiempo normalizando algo extraordinariamente peligroso: aceptar que una sentencia judicial firme, dictada........

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