Nadie razonable quiere que el narcotráfico, el lavado de activos o el crimen organizado se escondan detrás de una cuenta bancaria. Pero tampoco nadie razonable debiera querer que una autoridad administrativa, dependiente del poder político, tenga las llaves de la vida financiera de las personas sin autorización judicial previa.

El secreto bancario no es un privilegio, sino una garantía. Y como toda garantía, no existe para proteger al delincuente, sino al ciudadano frente al poder. La Constitución asegura el respeto y protección de la vida privada, y también la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Esa es la base: la intimidad no es una concesión del Estado; es un derecho de las personas.

Por cierto, los derechos pueden tener límites. Si existen antecedentes serios de un delito, si hay sospechas fundadas y una investigación real, el secreto bancario puede levantarse. Pero debe hacerlo un juez, no la misma autoridad administrativa interesada en mirar.

Esa es la verdadera discusión. No se trata de aceptar la caricatura de que para combatir el crimen organizado toda la ciudadanía debe entregar su privacidad a un burócrata. La disyuntiva es otra: investigación con control judicial previo o intromisión administrativa en la vida privada.

Hoy se........

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