La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau es políticamente necesaria, pero jurídicamente insuficiente. No sólo porque su aprobación es incierta —como ocurre siempre en una decisión de esta naturaleza que depende de mayorías y negociaciones de pasillo—, sino porque el país no está frente a una controversia política banal. Hay hechos graves, documentados y públicamente expuestos que, al menos, revisten caracteres de delito y merecen una investigación penal exhaustiva.

Lo diputados tienen en sus manos la acusación contra el exministro, lo que confirma que el asunto ya inició su cauce. Pero ese cauce tiene límites evidentes: la acusación constitucional puede establecer responsabilidad política y generar inhabilidades. Lo que no reemplaza al Ministerio Público, ni determina si existieron delitos funcionarios, falsedad documental, fraude al Fisco, prevaricación administrativa u otras responsabilidades penales.

La Dirección de Presupuestos publicó en febrero de 2026 el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, en el que se sostuvo que la deuda bruta se había mantenido en 41,7% del PIB, que para 2026 se........

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