Chile destinó, como piso -y sé que me estoy quedando muy corto- al menos $17.860 millones entre 2023 y 2025 a museos, fundaciones, sitios de memoria, conmemoraciones y obras relacionadas. La incorporación íntegra de 2022 eleva la cuenta a $21.400 millones, aunque parte de ese presupuesto fue aprobado y ejecutado antes de la llegada de Gabriel Boric.

La cifra excluye las pensiones de exonerados políticos, las indemnizaciones judiciales y el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También deja fuera el costo administrativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de su Subsecretaría de Derechos Humanos. Esto, sin contar los desmanes ocurridos que luego había que reparar, también con recursos de todos. En efecto, el despilfarro completo resulta todavía más grosero.

El costo de oportunidad es concreto. Con $21.400 millones, Chile podría financiar, por ejemplo, más de 85 mil mensualidades de la PGU. Cada peso destinado a administrar el pasado deja de atender una necesidad urgente del presente.

La conmemoración de los cincuenta años resume esta borrachera presupuestaria. Un levantamiento de compras públicas identificó $1.128 millones........

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