Ante respuestas como la de la ministra o la justificación de que “esto siempre se ha pagado”, surge inevitablemente la inquietud sobre: qué otras irregularidades podrían existir en el gasto público.

El presidente, sus ministros y otras altas autoridades del Estado perciben, sin pudor, además de sus remuneraciones, un bono por cumplimiento de metas denominado PMG (Programa de Mejoramiento de Gestión). Asignación creada por la Ley N° 19.553 de 1998 para funcionarios públicos de planta o a contrata, la cual se extendió a altas autoridades de elección popular o de designación directa, bajo la idea de equipararlas a estos funcionarios, ante un supuesto vacío legal.

Y, digo “supuesto” porque en derecho público no hay vacíos, ya que solo puede hacerse aquello que la ley autoriza, y lo demás está prohibido (a diferencia del derecho privado, donde todo está permitido salvo que se encuentre prohibido).

Sin embargo, dicho “vacío” quedó superado en el año 2020 con la incorporación del artículo 38 bis de la Constitución, creando un régimen especial para fijar las remuneraciones de las altas autoridades del Estado, entre ellas el Presidente de la República, sus ministros y otras que la misma........

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