Después de haber avanzado durante los gobiernos democráticos del pasado reciente en la protección de los derechos de autor de los creadores de arte en sus diversas manifestaciones, en el Proyecto de Ley Miscelánea del gobierno de Kast, se entra en una fase de retroceso, que parece ser parte de una manera de entender la vida, donde lo único importante es lograr beneficios para los poderosos de la sociedad.

Aquel artículo octavo

En 1980 la dictadura consiguió, mediante un plebiscito fraudulento, aprobar un texto constitucional. Era el diseño de Jaime Guzmán, apoyado en su redacción por Jaime del Valle, Sergio Fernández y Enrique Ortúzar. Se trataba de prolongar una situación compleja: con apariencias democráticas mantener el diseño de la dictadura, donde en definitiva todo fuera manejado por los que entonces mandaban políticamente y con apoyo militar, aunque fuesen minoría.

Parte sustancial del texto era el artículo octavo, que decía: “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”.

Y agregaba en el inciso siguiente que: “Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales”.

¿Qué es “atentar contra la familia” o sostener una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases? Claramente se refería este texto en forma directa a la ideología marxista y, como lo habían sostenido los voceros de la dictadura y muchos jueces, son responsables de lo mismo quienes apoyaban, justificaban, permitían o se aliaban con los partidos de inspiración marxista.

En esos años se hablaba sin ambages sobre que esas doctrinas y las conductas derivadas eran terrorismo por el solo hecho de sostenerlas, aunque no hubiera actos de esa naturaleza.

El texto añadía que sería el Tribunal Constitucional quien establecería si las personas estaban........

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