Chile tiene 6.435 kilómetros de litoral y una legislación costera que parece detenida en el tiempo. Mientras el mar avanza, las playas desaparecen y los ecosistemas colapsan como consecuencia del cambio climático, nuestro marco normativo sigue anclado en una normativa de 1960 y una política rectora dictada en 1994. Literalmente, administramos el borde costero con herramientas del siglo pasado para problemas del presente, ignorando deliberadamente los desafíos del futuro.

El diagnóstico es contundente. El DFL N° 340 de 1960 —cuyo espíritu todavía ronda en los pasillos del Ministerio de Defensa— diseñó la costa no como un ecosistema, sino como un bien fiscal bajo tutela militar, orientado a controlar, fiscalizar y, sobre todo, concesionar.

En esa lógica, la playa es una franja de ochenta metros desde la línea de marea alta, un bien jurídico administrable por su condición fiscal, y no como lo que realmente es: el punto de encuentro entre ecosistemas terrestres y marinos, cuya buena salud depende de una mirada integrada. La duna, el humedal, el estero, cuando quedan detrás de esa línea mágica, pasan a otras jurisdicciones, a otros ministerios, a otras lógicas institucionales, donde la unidad ecológica se rompe por un criterio de titularidad de dominio. El resultado es una gestión fragmentada donde se pierde de vista el conjunto.

A esto se suma el fraccionamiento institucional de las decisiones que impactan sobre la zona costera. Sobre un mismo metro cuadrado de costa pueden operar simultáneamente el Ministerio de Defensa (concesiones marítimas), la Subsecretaría de Pesca (proyectos de acuicultura), el gobierno regional (zonificación) y el municipio (permisos de edificación).........

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