Es bastante común que haya episodios históricos de importancia –controvertidos en su momento- donde muchos antecedentes llevan a establecer posteriormente una conclusión de tal contundencia que se constituye como verdad histórica. Y además, dicha verdad se hace completamente incontrovertible cuando varios de los protagonistas de aquellos episodios –independientes entre sí- la confirman libremente años después.

Es el caso de la prefabricación fraudulenta efectuada por los gobiernos chileno (de Eduardo Frei Ruiz-Tagle) y británico (de Tony Blair) de los problemas de salud mental que usó el segundo como pretexto para “salvar” a Pinochet de la extradición para su juicio en España, autorizando su regreso a Chile para lograr su impunidad.

Notablemente, en un excelente libro en que se trata en paralelo la impunidad judicial obtenida por los criminales de lesa humanidad Augusto Pinochet y Walter Rauff (del abogado británico Philippe Sands: Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia; Edit. Anagrama, Barcelona, 2025) tres de las personas que idearon, supieron o llevaron a cabo tal fraude, por parte de Chile, lo reconocieron explícitamente.

Se trata del entonces general de Ejército Javier Urbina; del ministro de Relaciones Exteriores y luego ministro Secretario General de la Presidencia, José Miguel Insulza; y del asesor económico de Frei y quien le escribía los discursos, Cristián Toloza.

Así, Sands señala que “en junio de 1999, según Urbina, se planteó la cuestión de la salud como posible salida, y Frei le aseguró a (Ricardo) Izurieta (comandante en jefe del Ejército) que ‘solucionaría la cosa llegando a un acuerdo con los británicos’” (Ibid.; pp. 395-6). Luego, el mismo mes, “Izurieta viajó a Europa para plantear el acuerdo de Frei. En Londres, asistido por el general Juan Carlos Salgado, se reunió con Pinochet y sus asesores, así como con, al parecer, una figura destacada del Gobierno británico. El Mercurio, periódico pro Pinochet, informó de la visita y ponderó los esfuerzos que hacía el Ejército por lograr el regreso de Pinochet, en colaboración con el Gobierno de Frei” (Ibid.; p. 396). Y las Fuerzas Armadas se manifestaron “flexibles” respecto de un acuerdo que le permitiese a Pinochet volver a Chile invocando razones de salud, a cambio de que en Chile, al menos, se le pudiese procesar. Específicamente, según Urbina, “no se oponían a que Pinochet perdiera la inmunidad si volvía a Chile, y el general Izurieta habló con mucha gente, incluido el presidente de la Corte Suprema, para cerciorarse que no hubiera problemas” (Ibid.).

A su vez, Insulza le confirmó a Sands las fechas: “En junio Frei adoptó un nuevo enfoque del caso y empezó a tratar directamente con la oficina del primer ministro británico” (Ibid.; p. 397). Además, le señaló que aunque él no trataba personalmente con los británicos, veía a Frei todos los días y “sabía, pues, lo que se tramaba” (Ibid.). Y ante la pregunta de Sands de si “¿fueron los británicos quienes tuvieron la idea de lo de la mala salud de Pinochet?” Insulza le respondió: “Sí, pero la parte chilena la aceptó inmediatamente”, agregando que “no creo que ningún psiquiatra ni médico británico hubiera examinado a Pinochet”; y señalando que “el proceso se verificó en dos etapas: Pinochet contrató a un médico y luego unos médicos independientes extendieron un informe. Esto se acordó enseguida” (Ibid.).

Esta afirmación contrasta con lo expresado en una de las entrevistas que concedió Insulza como ministro del Interior de Ricardo Lagos en 2000, ya desaforado Pinochet por la Corte Suprema: “Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio. Siempre he creído a los........

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