El instituto fue, durante al menos tres décadas, el vivero más prolífico de la política chilena de centroizquierda.

A propósito de la solicitud de renuncia por parte de la ministra de Desarrollo Social al director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, se hace necesario reflexionar acerca de la manera en que el Estado se hace cargo de las políticas públicas de juventud.

Hay una ironía que los conocedores de la política chilena prefieren no mencionar en voz alta: algunos de los parlamentarios más activos que hoy cuestionan la eficiencia del Instituto Nacional de la Juventud pasaron, en algún momento de sus carreras, por sus pasillos.

Esa paradoja, incómoda pero real, dice más sobre el INJUV que cualquier evaluación de la DIPRES: durante décadas, el servicio funcionó menos como una política pública orientada a los jóvenes chilenos y más como una escuela de cuadros para los partidos de la Concertación y sus aliados.

El Injuv nació el 16 de febrero de 1991, por la Ley N° 19.042 firmada por el presidente Patricio Aylwin. Vino a reemplazar a la Secretaría Nacional de la Juventud y a saldar, como decía la Concertación, una “deuda histórica” con la generación que había protagonizado la recuperación democrática.

Sus primeros directores nacionales tenían un perfil técnico-político reconocible: eran jóvenes profesionales con militancia activa, que usaron el servicio para aprender a administrar lo público, construir redes y proyectarse.

La lista de quienes pasaron por el Injuv —como funcionarios, coordinadores regionales o contratistas— y luego llegaron a cargos de representación popular o altas posiciones ministeriales no es anecdótica: es un patrón. El instituto fue, durante al menos tres décadas, el vivero más prolífico de la política chilena de centroizquierda.

El Instituto, cuya finalidad expresada en la ley 19.042 es “un organismo técnico, encargado de colaborar con el Poder Ejecutivo en el diseño, la planificación y la coordinación de las políticas relativas a los asuntos juveniles”, contaba con una planta de apenas 26 funcionarios para atender a 4,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años.

Claramente el diseño legal no funcionaba para desarrollar el semillero. Entonces, se ideó un mecanismo que hizo posible transitar de un ente formulador a uno ejecutor directo de políticas públicas.

El mecanismo tiene nombre y apellido:........

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