El caso del excomisario condenado por apremios ilegítimos en Alto Hospicio expone cómo el incumplimiento de los deberes de supervisión puede convertir el uso de la fuerza en un riesgo institucional. Una reflexión desde la prevención de la tortura.

El caso de un teniente coronel de Carabineros (r), entonces comisario de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, condenado por los delitos de apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, ilustra con claridad un problema que trasciende a una persona o a un episodio puntual: el incumplimiento de los deberes legales y éticos que recaen sobre quien ejerce funciones de mando y supervisión en recintos de custodia estatal.

Lo ocurrido en 2023 no fue un error operativo ni una reacción aislada. Fue una secuencia de decisiones adoptadas desde la jefatura: uso ilegítimo de la fuerza contra una persona detenida, tolerancia frente a la agresión, interrupción de los mecanismos de registro y posterior manipulación de documentos oficiales.

Considerados en conjunto, estos actos revelan una comprensión........

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