Durante las últimas semanas he sido parte de la redacción, en el marco institucional del Observatorio de Políticas Públicas del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago, de un informe sobre la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 11 de marzo y el 1 de octubre de 2026.

El Observatorio nació para medir fenómenos latentes de la acción pública, es decir, aquello que no está en la ley ni en el presupuesto, pero que es de relevancia en la toma de decisiones. El informe que firmo es el primer ejercicio de ese programa aplicado a la Cancillería. Esta columna condensa sus hallazgos y, sobre todo, defiende el supuesto metodológico que lo sostiene: que las relaciones exteriores pueden y deben ser leídas como política pública. No es un supuesto evidente, y por eso le dedico la parte final de estas páginas.

Hay factores políticos que no están en el informe porque corresponden a un ámbito contextual que dicho informe no busca. Pero en esta columna serán señalados al inicio, siempre como apoyo a la comprensión de la relación entre lo analizado y el presente nacional. La columna en la práctica es un resumen del informe. Si se quiere contar con el documento del informe, estará disponible al final de la columna.

El caso que atraviesa al gobierno desde su inicio

Ningún otro asunto exterior ha ocupado de manera continua los siete meses observados como el Escudo de las Américas. El caso nace incluso antes del gobierno.

En enero, la administración de Gabriel Boric autorizó y luego suspendió la concesión del cable submarino Chile–China Express; asociado a este acuerdo con China en febrero el Departamento de Estado revocó las visas de un ministro y de dos funcionarios; el 3 de marzo la reunión de traspaso en La Moneda terminó en veinte minutos y el presidente electo viajó a Doral con una credencial que ningún otro invitado podía exhibir: haber roto con un gobierno de izquierda saliente a propósito de un proyecto chino.

José Antonio Kasto viajó, antes de asumir, ya mostrando un acto de autoridad ante Estados Unidos. Fue un gran triunfo para Kast el que, antes que comenzara su gobierno, podía mostrar poderío y capacidad de satisfacer al aliado principal. Pero quizás el hecho generó una expectativa desmesurada.

Lo que siguió es una secuencia que la discusión pública tendió a confundir y que en el informe referido nos esforzamos en distinguir. Entre el 4 y el 12 de marzo se produjeron cuatro documentos distintos: la declaración de seguridad de diecisiete gobiernos en el Comando Sur, la cumbre fundacional del Escudo con el presidente electo en la sala, la firma del ministro de Defensa al día siguiente del cambio de mando y la declaración sobre minerales críticos suscrita por el canciller. Cuatro documentos en ocho días. Un frenesí.

Entre mayo y julio, Chile apareció como «miembro» en tres pronunciamientos del grupo mientras el gobierno se declaraba observador: la pertenencia no se adquiría por un acto de adhesión sino por la práctica de publicar textos comunes. En julio llegó el arancel del 12,5 por ciento sobre el salmón; en agosto, el ministro de Defensa dijo que Chile no era patio trasero de nadie y el embajador respondió exhibiendo en redes la firma que ese mismo ministro había estampado en marzo. Pero claro, la firma de Barros no era por todo lo que se estaba trabajando después, era un acuerdo circunscrito, breve y completamente asociado a seguridad.

En septiembre el embajador de Estados Unidos en Chile refirió la «Doctrina Donroe», que es la lectura de Trump a la doctrina Monroe. Y desde esa época la Cancillería negoció en solitario un texto que su equipo jurídico consideraba inaceptable en su versión original. En la discusión jurídica se plantearon dos modificaciones, el consejo de excancilleres recomendó no adherir y el 22 de septiembre el Presidente adhirió en Nueva York. Siguieron la declaración de dos expresidentes pidiendo revertir la decisión, la primera interpelación a un canciller en la historia parlamentaria chilena y un recurso ante la Contraloría.

Hay que ser precisos sobre un punto que ha concentrado el debate. «No hubo firma» es verdadero y es irrelevante: las declaraciones conjuntas del Departamento de Estado no se firman, se publican. La ausencia de firma no fue una decisión........

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