La paradoja sería evidente: el presidente chileno más enfocado en restaurar el orden interno podría enfrentarse al mayor desorden externo en décadas. Y el presidente de Chile más alineado con Estados Unidos podría tener en su aliado principal su principal dolor de cabeza.

La hipótesis central que ha estructurado el prólogo del gobierno de José Antonio Kast no ha sido programática en sentido clásico —reformas estructurales, rediseño del Estado, cambios culturales de largo plazo— sino estratégica: su éxito o fracaso dependería de su capacidad de sostener la tesis de un “gobierno de emergencia” y producir resultados visibles en ese marco.

Esa jugada fue brillante en campaña, pues ordenaba el relato en un ámbito acotado que dejaba temas más cercanos a otras candidaturas. Es así como lo demás —modernización institucional, rediseños regulatorios, transformaciones valóricas— se ha entendido, incluso entre sus partidarios, como una profundización deseable pero no decisiva para el juicio histórico de su administración. El criterio evaluativo sería otro: ¿logró restablecer el orden? ¿contuvo la expansión del crimen organizado? ¿reencauzó la inversión? ¿controló la migración irregular?

En esta arquitectura conceptual descansa la planificación de Kast. Pero el problema es más complicado desde que el mundo se convirtió en lo que es hoy. Como ya se ha señalado en columnas anteriores de esta sección, el siguiente gobierno probablemente va a ser el más influido por motivos externos que cualquiera de los gobiernos del último medio siglo.

Y las dificultades de Kast no provendrán de enemigos complejos, sino de amigos demandantes. ¿Podrá evitar Kast que su alianza con Trump no se convierta en una alianza tóxica? Apuesto hoy a que será la mayor dificultad y su capacidad de movimiento y la libertad de acción que todo gobernante busca se concentrará en esa problemática.

Y en el principio fue la emergencia

Pero partamos por el principio. Y en el principio fue la emergencia. Esta noción no surge en el vacío. En el discurso de José Antonio Kast desde 2019, y con mayor fuerza tras el estallido social, se ha instalado la idea de que Chile atraviesa una “crisis de orden” que precede y condiciona cualquier otra discusión. En múltiples intervenciones, Kast ha sostenido que “sin seguridad no hay libertad”, condensando la tesis de que la primera función del Estado es recuperar el monopolio efectivo de la fuerza.

Esa perspectiva fue permanentemente mencionada desde los entornos de Kast, buscando dar garantías de sostener mediante la gestión de la emergencia el Estado de Derecho, buscando subrayar que el orden jurídico es anterior a cualquier proyecto transformador.

Desde esta perspectiva, el “gobierno de emergencia” no equivale a un estado de excepción permanente —como lo conceptualizaría Carl Schmitt— sino a una priorización política radical: primero se restituye el orden básico; luego se discute el resto. Si ese matiz otorga carta de gestión, es un tema a considerar, pero de momento es la tesis central del gobierno. No será fácil matizar la promesa de dar un estatus especial a la emergencia ya que más del 40% de los votantes de derecha (encuesta LCN) consideran que saltarse las reglas es algo permitido bajo ciertas condiciones.

Seguridad, economía y migración

El primer pilar de esta tesis es la gestión de la delincuencia. El diagnóstico compartido en el proyecto kastista es que Chile dejó de enfrentar solo delincuencia común y comenzó a convivir con estructuras de crimen organizado transnacional.

En ese marco, algunas figuras del nuevo gobierno han enfatizado que el problema no es meramente cuantitativo (más delitos), sino cualitativo pues cuando el crimen organizado se consolida territorialmente, es una disputa por soberanía.

El éxito del gobierno de emergencia, por tanto, no se mediría solo en estadísticas de victimización, sino en impedir la consolidación estructural de redes criminales. La evaluación no sería: ¿bajó el robo en un 5%?, sino: ¿evitó Chile convertirse en un corredor estable de economías ilícitas? O ¿cuántos barrios han logrado recuperarse por las fuerzas policiales y han dejado de estar bajo control criminal?

En este punto, el margen de tolerancia social sería relativamente bajo, por el tipo de promesa que subyace. Si el gobierno no logra resultados visibles en los primeros 18–24 meses, la tesis misma de la emergencia perdería credibilidad.

El segundo eje es económico, pero no en clave redistributiva sino productiva. La idea ha sido reiterada por Kast: Chile no necesita más diagnósticos, necesita volver a crecer. No voy a detenerme en este punto demasiado, pues sería para otra columna. Bastará decir que en la frase se hace un diagnóstico: la necesidad de crecimiento.

Pero ¿por qué bajó el crecimiento? ¿Nos distrajimos sin razones serias en criticar lo que se había hecho? ¿O existían problemas? La tesis de la vana distracción que la discusión posterior a 2011 produjo (educación, pensiones, cambio constitucional, sueldo mínimo) la podría defender Chile Vamos, pero no Republicanos, pues este partido nace (al igual que el Frente Amplio) criticando los acuerdos transicionales y la política de entonces.

Lo que es claro es que hay al menos tres diagnósticos distintos: el primero dice que Chile vive una crisis de crecimiento y productividad (la que dijo Kast), el segundo señala que Chile vive una crisis de legitimidad institucional y una tercera señala que se produjo una crisis de modelo de desarrollo y que la búsqueda del siguiente modelo para Chile ha quedado entrampado.

Las tres tesis son viables incluso juntas, pero no ha sido la visión de Kast. Aún así, el gobierno de emergencia asocia la crisis de seguridad con la crisis de inversión y en este marco el estancamiento de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura es leído no solo como problema técnico, sino como síntoma de debilitamiento institucional.

Es decir, la tesis dos sí penetra en la tesis uno. En esta línea, actores vinculados al mundo empresarial han insistido en que el mayor desafío es la “certeza jurídica”. No se trataría de desregular indiscriminadamente, sino de acelerar decisiones y reducir la incertidumbre que paraliza capitales. La solución de resolver estos asuntos administrativa y políticamente es siempre dudosa, pues la inversión extranjera confía más en el Congreso y sus leyes que en la voluntad de los gobernantes, ya que es la forma en que siempre han funcionado para otorgar certeza de largo plazo.

El juicio evaluativo aquí sería pragmático: ¿logró el gobierno........

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