Un país que solo reconoce como valioso aquello que produce empleo inmediato termina incapacitado para producir las condiciones que hacen posible el empleo complejo, la industria sofisticada, la innovación tecnológica y la soberanía intelectual.

Cada época tiene la filosofía que merece. Hace más de dos siglos Alemania tuvo a Immanuel Kant preguntándose por los límites de la razón; Chile hoy tiene a José Antonio Kast preguntándose por los límites del gasto fiscal cuando una universidad produce conocimiento que no puede convertirse de inmediato en empleo.

Con esto, nuestro país entra en una nueva etapa, aquella que nos plantea la crítica de la razón empleada, una filosofía que nos otorga las bases para comprender el significado profundo del empleo y su vinculación con el desarrollo del logos.

El 5 de mayo de 2026, durante el encuentro ciudadano “Presidente Presente” realizado en Puerto Montt, el presidente José Antonio Kast cuestionó el financiamiento estatal destinado a investigaciones universitarias y científicas, sosteniendo que muchas veces el Estado entrega recursos —“100 millones, 500 millones”— para estudios que terminan convertidos en “un libro precioso, empastado, en la biblioteca”, pero que no generan empleos.

La frase instaló una controversia pública porque redujo el valor de la investigación académica a su capacidad inmediata de producir puestos de trabajo, en un contexto de ajuste fiscal, revisión del gasto público y discusión sobre el rol de la ciencia, la universidad y el conocimiento en el desarrollo económico del país.

La frase de Kast tuvo la eficacia de las formulaciones políticamente peligrosas: no necesitó ser técnicamente elaborada para abrir un campo de batalla. Al sugerir que ciertas investigaciones universitarias podían terminar en “un libro precioso” sin generar empleos, el Presidente desplazó la discusión desde la calidad del conocimiento hacia su utilidad económica inmediata.

El problema no fue solo que preguntara por el destino de los fondos públicos —pregunta legítima en cualquier democracia—, sino que eligiera una imagen culturalmente cargada: el libro empastado, bello, quieto, depositado en una biblioteca, como si fuera el emblema de una esterilidad social. Así, la biblioteca dejó de ser presentada como archivo de civilización y pasó a ser insinuada como bodega de gastos improductivos.

El primer movimiento de la controversia fue académico y científico, pero su fondo fue político. La comunidad universitaria entendió que la frase no era un comentario aislado, sino una señal de criterio gubernamental en un contexto de ajuste fiscal, revisión de programas y preocupación por recortes en educación, ciencia y becas. Por eso, lo que podría haber sido una discusión administrativa sobre evaluación de proyectos se transformó en una disputa por el estatuto de la investigación en Chile.

La pregunta dejó de ser “¿cómo fiscalizar mejor los fondos públicos?” y pasó a ser “¿qué tipo de conocimiento considera valioso el Estado?”. Ese desplazamiento explica la velocidad de la respuesta: científicos, rectores, candidatos universitarios, sociedades académicas y columnistas interpretaron la frase como síntoma de una orientación más amplia, no como simple torpeza retórica.

La respuesta de José Maza condensó una defensa clásica de la ciencia frente al utilitarismo estrecho. Maza fue directo a la ironía, al decir que si lo que se quiere es simplemente dar trabajo se haga un POJH (famoso programa de empleo precario de la dictadura de Pinochet). No fue casualidad la jugada del académico récord en impacto en eventos y libros, ya que vinculó la ciencia con los empleos precarios. Pero a partir de esto dijo algo más.

Y es que se lee en su reflexión que la investigación no es un programa de ocupación de emergencia, sino una inversión en capacidades intelectuales, técnicas y culturales que permiten a un país no quedar condenado a importar pensamiento, tecnología y soluciones.

En Maza, además, operó una defensa generacional de la universidad como institución de frontera. Su argumento no se limitó a proteger a los investigadores existentes; apuntó a la idea de que una universidad sin investigación deja de ser plenamente universidad. Puede enseñar manuales, repetir contenidos, certificar competencias, pero pierde el vínculo con la producción viva del conocimiento.

Esa distinción fue importante porque la frase de Kast no atacaba solo a un proyecto mal ejecutado, sino potencialmente a una forma institucional: la universidad investigativa. Cuando Maza sostuvo que Chile necesita profesores en la frontera del conocimiento, estaba diciendo algo más exigente que “la ciencia sirve”: estaba señalando que un país periférico solo puede modificar su posición si produce conocimiento propio. El “libro precioso”, en esa lectura, no es un adorno inútil; es una pieza dentro de una cadena invisible de formación, lenguaje técnico, acumulación simbólica, hipótesis, error, transmisión y eventual aplicación.

Kast había caído en una trampa intelectual clásica en el análisis económico: confundir valor con monetización. Un gran problema para un gobierno, que fundamentalmente tiene como rol producir valor para el país, resguardando siempre los flujos del dinero, pero entendiendo que su rol es producir capacidades y no solo resultados inmediatos…

Los candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile ampliaron la controversia hacia el terreno institucional. Francisco Martínez calificó la mirada como miope, recordando que buena parte de la tecnología, la economía, la biología y la salud modernas provienen de conocimientos que, en su origen, no podían ser evaluados por empleos directos. Pablo Ruiz-Tagle, por su parte, utilizó una fórmula más frontal: habló de antiintelectualismo y de “vergüenza ajena”.

La reacción universitaria, sin embargo, también mostró sus propios límites. Cuando el mundo académico responde desde la defensa del libro como bien civilizatorio, acierta en el plano profundo, pero corre el riesgo de no escuchar completamente la demanda ciudadana por trazabilidad. La frase de Kast fue problemática porque confundió impacto con empleo inmediato, pero la academia cometería un error equivalente si confundiera autonomía intelectual con inmunidad evaluativa.

El Estado tiene derecho a exigir objetivos claros, informes serios, evaluación ex post, impacto diferenciado según disciplinas y transparencia en la asignación de recursos. Lo que no puede hacer, sin empobrecer su propia racionalidad pública, es imponer un único criterio de validación a todos los saberes.

El golpe de Kast no es solo un acto de ignorancia, que lo es; es también una bomba de tiempo, ya que a mucha gente le parece que la academia no tiene relación con su vida y que a los académicos les falta calle. La creciente incapacidad de las universidades de demostrar su valor ha ido avanzando en correlación con el aumento de los mecanismos de visibilización de la investigación. Y eso es curioso y paradojal, pero es cierto. Las universidades están perdiendo esa batalla. Y Kast no hizo más (tampoco menos) que dar carta de ciudadanía a esa visión.

Una carta abierta de más de 30 sociedades científicas y académicas elevó la respuesta desde el plano de las figuras individuales al plano de la representación organizada del campo científico. Su tesis fue que los dichos expresaban una comprensión parcial y reduccionista del conocimiento, especialmente cuando el saber se mide solo por resultados inmediatos o por utilidad económica directa.

La carta tuvo importancia porque articuló ciencia, conocimiento y medio ambiente como bienes que Chile no puede sacrificar, introduciendo una dimensión que la frase presidencial había dejado fuera: la investigación no solo produce empleos; también produce capacidad de anticipación, soberanía cognitiva, adaptación climática, salud pública, protección de ecosistemas, formación de profesionales y comprensión de problemas complejos. Al hablar desde sociedades científicas, la respuesta adquirió una textura distinta: ya no era la indignación de un astrónomo o de una divulgadora, sino la advertencia de comunidades epistémicas que conocen la fragilidad institucional de la ciencia chilena.

El paso de la reacción individual a la carta colectiva reveló que la polémica podía convertirse en un conflicto de régimen cognitivo. Un gobierno puede recortar presupuesto, rediseñar fondos o exigir rendición........

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