Soberanía y libertad de navegación, previa autorización
Se ha dicho que la autorización que Argentina exige a los buques que van a las Malvinas regula el acceso a un puerto y no la navegación. El Decreto 256/2010 dice otra cosa. Y el Tratado de Paz y Amistad, cuya garantía de libre navegación Chile pagó con soberanía en la boca oriental del Estrecho, también.
En una carta publicada el 13 de noviembre en El Mercurio, titulada «Soberanía y libertad de navegación», Benjamín Salas Kantor sostiene que el derecho internacional distingue entre navegar y entrar a un puerto; que una autorización exigida para ingresar a un puerto no restringe, por ese solo hecho, la libertad de navegación, y que, dado el apoyo histórico de Chile a los derechos de soberanía argentinos sobre las Malvinas, no habría razón jurídica para distinguir entre un buque que zarpa de un puerto chileno y otro que lo hace desde Montevideo. Lo determinante, escribe, es que la autorización «se refiera efectivamente al acceso al puerto y no al mero tránsito por las aguas correspondientes» (Salas Kantor, 2026).
La premisa es correcta y conviene concederla sin reservas: todo Estado puede fijar las condiciones de ingreso a sus puertos. La carta tiene además el mérito de proponer una prueba precisa. El Decreto 256/2010, sin embargo, no la supera.
Lo que el decreto exige
Su artículo 1 exige autorización previa a todo buque que se proponga transitar entre puertos del territorio continental argentino y puertos de las islas, o «atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos», o cargar mercaderías para transportarlas entre esos puertos (Argentina, 2010a, art. 1). El segundo supuesto no regula la entrada a un puerto. Regula el cruce de aguas según el destino del buque. Es, con todas sus letras, una autorización para el «mero tránsito» que la propia carta considera inadmisible.
La lectura no es forzada. Entre sus fundamentos, el decreto invoca la facultad que la Ley de la Navegación argentina otorga a la autoridad marítima para «limitar o prohibir, por razones de seguridad pública, el tránsito o la permanencia de buques en determinadas zonas de las aguas navegables de jurisdicción nacional» (Argentina, 2010a).
Su reglamento obliga a presentar la solicitud ante la Prefectura Naval con al menos siete días hábiles de anticipación y entrega a la Cancillería argentina la decisión de «conceder o denegar», sin fijar criterio alguno (Argentina, 2010b, anexo I, art. 3; Argentina, 2017, art. 1). El canciller Pablo Quirno, al sostener que el Danstar debe pedir el permiso, habló de «autorización para cruzar» (La Nación, 2026) y precisó que «el tema es cuando salen a Malvinas» (Infobae, 2026). El gobierno que aplica la norma la entiende como un permiso de navegación.
Así se ha aplicado. El propio decreto parte, en sus considerandos, de que el Reino Unido «ocupa ilegítimamente» las islas (Argentina, 2010a): el puerto de destino no está bajo control argentino. La constatación no prejuzga la cuestión de soberanía. Describe dónde opera la exigencia: en el mar.
En 2023, cuando el buque británico RRS Sir David Attenborough navegó por aguas argentinas entre las islas y Punta Arenas, la Prefectura, con apoyo de la Armada, hizo «el trazado y seguimiento» de la nave y le notificó las supuestas irregularidades (Infobae, 2023). En abril de 2024 notificó al remolcador chileno Beagle mientras navegaba «dentro de la Zona Económica Exclusiva», rumbo a Montevideo, por haber operado en las islas «sin el correspondiente aval argentino» (Prefectura Naval Argentina, 2024).
En la zona económica exclusiva, la Convención del Mar garantiza a todos los Estados la libertad de navegación (Naciones Unidas, 1982, art. 58). Una condición de ingreso que solo puede exigirse en esas aguas funciona, en los hechos, como un permiso para navegar.
El precio de la «Boca Oriental»
Antes de discutir la Convención del Mar, conviene recordar de dónde viene la obligación que decide el caso. El artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 fijó el límite en la boca oriental del Estrecho de Magallanes en la línea recta entre Punta Dungeness y el Cabo del Espíritu Santo, y dispuso que la soberanía argentina sobre el mar, suelo y........
