“No vamos a tocar los beneficios sociales”. Lo dijo el presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, el 1 de junio, y lo presentó como una promesa de campaña cumplida. No era una frase al pasar: era la garantía de que el apretón lo iban a sentir otros, no las familias que dependen del Estado para llegar a fin de mes. Hoy, con el proyecto de ley de presupuestos 2027 sobre la mesa, esa promesa no resiste una lectura atenta.

Partamos por el lenguaje, porque ahí empieza el engaño. En este gobierno ya nadie recorta. Se “reasigna”, se “optimiza”, se “focaliza”, se eliminan “programas mal evaluados”. Es un diccionario fabricado para que el ajuste suene a gestión y no a lo que es. El problema es que tiene cola de chancho, orejas de chancho y cara de chancho. Pero el gobierno quiere que le creamos que no es un chancho.

Vamos a los números, porque son los que el gobierno prefiere no leer en voz alta. La Ley Ricarte Soto, que financia tratamientos de alto costo para enfermedades graves, pasa de $195 mil millones a $167 mil millones: un 14,5% menos. El Programa Nacional de Inmunizaciones cae 5,3%. Los aportes a municipios para campamentos se desploman 90%, en pleno déficit habitacional. El Subsidio al Arriendo cae 18%. Y los programas de cuidado alternativo para niños y niñas que el........

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