Hace unos días entregamos en Ñuñoa los últimos computadores de “Yo elijo mi PC” a 946 estudiantes. El programa funcionó durante 17 años, pero el proyecto de Presupuesto 2027 lo deja sin recursos. Consultado por la decisión, el ministro de Hacienda admitió no recordar este programa en particular, aunque aseguró que “de seguro tenía hallazgos”. A un niño de séptimo básico no se le saca el computador de la mochila por un “de seguro”.

Más allá de este caso, el episodio revela un problema que debiéramos discutir con mayor profundidad: cómo decide el Estado qué programas mantener, cuáles corregir y cuáles terminar.

Ese es el error de fondo. En Chile no sobra el gasto social, falta. Recortarlo no es ahorrar, es traspasarle el costo a las familias que menos tienen. El proyecto de Presupuesto 2027 reduce casi 3% real a Junaeb, que alimenta y apoya a los escolares más vulnerables, sin tocar la estructura de 25 ministerios. Se ajusta donde el Estado llega a las personas y se protege donde solo administra. Si el Estado debe hacer un esfuerzo de austeridad, parece razonable preguntarse primero dónde está la burocracia que puede reducirse y dónde están los programas que efectivamente cambian la vida de las personas.

Los alcaldes vemos sus efectos antes que nadie, porque llegan primero a nuestra puerta. Ahí también se acumulan obras municipales que podrían dar trabajo hoy y siguen atrapadas en trámites, justo cuando el desempleo llega a 9,6%. A eso se suman una reforma de seguridad detenida y colegios que pasan a los SLEP por calendario y no por resultados.

Por eso no basta con protestar. También sería insuficiente limitarse a decir que el Gobierno lo está haciendo mal. Desde los municipios tenemos la obligación de plantear alternativas. Proponemos siete cambios con una lógica común: cuidar lo que funciona, corregir lo que falla y dar a los municipios voz y voto en las decisiones.

1. Estado de excepción por barrio, con el Congreso y los alcaldes adentro

Las familias de un barrio tomado por una banda no pueden esperar meses a que se destrabe una reforma. El Gobierno pide........

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