El domingo 25 de octubre se informó el triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro. Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos (64.256.232) frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro (59.826.041), una diferencia de 4.430.191 votos. Hacia las 22:40 horas, Flávio declaró que no reconoce el resultado y que su equipo jurídico pedirá la anulación del pleito. Poco después, Donald Trump cuestionó públicamente la victoria sin aportar pruebas.

Pero las referencias a un posible fraude comenzaron mucho antes. Lo señalan las encuestas y lo señaló Bolsonaro mismo. La siguiente tabla es bastante clara en la discusión previa y, por ello, era esperable que hubiera una manifestación en torno al no reconocimiento de los resultados.

Respecto a la forma del presunto fraude, las denuncias tienen varias narrativas. No son equivalentes ni en su relación con la evidencia ni en su función política. Algunas son estrategias de actores en marco del conflicto político; otras, son diagnósticos de observadores.

La primera narrativa es planteada por el mismo Flávio Bolsonaro en julio, heredando el repertorio de Jair Bolsonaro (su padre). Su núcleo es la desconfianza en la urna electrónica, apoyada en una afirmación falsa sobre Smartmatic y haciendo una analogía con Venezuela. La denuncia tiene un linaje largo: Agência Lupa sitúa en 2014 el origen de la desinformación sobre urnas, y en 2022 esa misma tesis circuló en el ecosistema de Steve Bannon, con la etiqueta Smartmatic/Dominion trasplantada desde Estados Unidos (NPR, 2022). Su debilidad es empírica: carece de un hecho verificable que la sostenga, y el propio Flávio tuvo que retractarse en agosto.

La segunda narrativa fue planteada también por Flávio Bolsonaro durante la noche del 25 de octubre y respaldada por figuras como Nikolas Ferreira, algunos juristas y sectores de la prensa de derecha. Gazeta do Povo, por ejemplo, señaló la existencia de una posible «brecha» jurídica para solicitar la anulación de la elección.

A diferencia de los cuestionamientos anteriores, esta argumentación desplaza el foco desde la confiabilidad de las urnas electrónicas hacia la legalidad y legitimidad de una decisión judicial adoptada durante la jornada electoral.

La controversia se articula en torno a seis antecedentes concretos: la elección tuvo una prórroga temporal en ciertas zonas. Dicho plazo extra fue dispuesto por un ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), y no por la autoridad electoral; y dicho ministro había ejercido anteriormente como abogado de Lula. La solicitud original se circunscribía a tres ciudades del estado de Bahía, mientras que la resolución extendió sus efectos a todo el territorio nacional. No cabe duda que tuvo visos irregulares, no en tanto se pudiera asumir un acto de corrupción, sino al menos de un conjunto de decisiones discutibles por lo bajo y que no tuvieron respaldo de otras instituciones. Sin embargo, la población involucrada no era extensa y cuesta imaginar que este proceso periférico pudiera tener incidencia.

Este es el desplazamiento decisivo de 2026 respecto de 2022. El negacionismo deja de depender de una ficción........

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