A propósito del reportaje “Las millonarias ganancias de las concesionarias detrás del TAG en Santiago”, creemos relevante aportar precisiones que esperamos enriquezcan la discusión sobre un tema de alto interés público.

La infraestructura concesionada opera bajo un marco regulatorio estatal que define proyectos, tarifas y obligaciones. El Estado y privados comparten riesgos según lo establecido en cada contrato, que es adjudicado mediante procesos abiertos y competitivos. Su cumplimiento se fiscaliza a través de inspectores fiscales asignados en forma permanente a cada concesión. Cualquier ajuste contractual requiere validación de los órganos técnicos del Estado, incluidos los ministerios de Obras Públicas y Hacienda. Los concesionarios no tienen margen para fijar condiciones distintas a las pactadas.

A esa regulación se suma la transparencia. Por obligación contractual, sus tráficos e ingresos se reportan mensualmente al Ministerio de Obras Públicas, y cumplen la regulación que aplica a toda sociedad anónima.

Respecto a la estructura de financiamiento, el capital aportado por los socios........

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