Desde 2022, el gobierno puso en vigencia el “Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública”, diseñado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

La contracción económica, la caída drástica de la producción petrolera, las sanciones internacionales y la devaluación constante llevaron al gobierno a aplicar esta política de congelación salarial para evitar una mayor emisión monetaria y establecer mecanismos para controlar el gasto público, en este aspecto, tomando en consideración que se estaban aplicando una serie de contrataciones colectivas no ajustadas a la realidad, donde los sindicatos en acuerdo o bajo presión con algunas instituciones aprobaron una serie de “beneficios”, los cuales la administración pública no podía sufragar por el alto costo de las mismas, alejadas de la realidad económica de la nación, bajo un esquema de sanciones que ha tenido ahogada nuestra economía,

Para poder paliar la situación de la clase trabajadora, el gobierno nacional ha implementado una serie de bonos sin incidencia salarial, los cuales se han venido cancelando por el sistema Patria.

Producto de esta situación económica, desde marzo de 2022, el salario mínimo se congeló en 130 bolívares mensuales; percibiendo los trabajadores actualmente, a través del sistema patria bonos compensatorios de aproximadamente 160$ mensuales (bono de guerra 120 y bono de alimentación 40$, entre otros)

Ante esta situación, en el ámbito jurídico hemos estado con la polémica de lo establecido en el artículo 91 de nuestra Constitución: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales… El Estado garantizará a los trabajadores y........

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