Entre diciembre de 1902 y marzo de 1903, tres potencias europeas —Alemania, Inglaterra e Italia— sometieron a Venezuela a un bloqueo naval que constituye uno de los capítulos más controvertidos de la diplomacia internacional latinoamericana. Lo que comenzó como una exigencia de pago de deuda externa se transformó en una agresión soberana que puso al país al borde de la desmembración territorial y obligó a la comunidad internacional a reflexionar sobre el derecho de cobro coactivo contra estados independientes. Analizamos de forma ligera las causas, el desarrollo del conflicto y sus repercusiones políticas y jurídicas.

A fines del siglo XIX, antes de la llegada de Castro al gobierno, Venezuela atravesaba una profunda inestabilidad política caracterizada por las recurrentes guerras civiles. Los gobiernos de Joaquín Crespo (1884-1886 y 1892-1898); Antonio Guzmán Blanco, (varios períodos entre 1870 y 1899) y para financiar operaciones bélicas y gastos públicos, contrajeron préstamos con casas bancarias europeas, principalmente británicas y alemanas, así como con empresas concesionadas que reclamaban indemnizaciones por expropiaciones y daños a propiedades durante los conflictos internos.

Castro en 1901, declaró una moratoria unilateral en el pago de la deuda externa, argumentando que las arcas nacionales estaban exhaustas, por las guerras civiles y que los contratos de deuda habían sido contraídos por gobiernos ilegítimos que no representaban la voluntad del pueblo venezolano. La comunidad internacional, especialmente Alemania y el Reino Unido, consideró esta posición como una violación flagrante del derecho internacional.

Las reclamaciones se intensificaron cuando se sumaron las demandas de ciudadanos extranjeros cuyas propiedades habían sido dañadas o confiscadas, durante las guerras civiles en Venezuela. Alemania presentó 47 reclamaciones individuales por un total de 7,5 millones de bolívares; el Reino Unido, 112 reclamaciones por 5,2 millones de bolívares. Las negociaciones diplomáticas fracasaron debido a la negativa de Castro, a reconocer la validez de las reclamaciones.

Para diciembre de 1902, Venezuela adeudaba, según las fuentes consultadas, 119,3 millones de bolívares de capital, más 46 millones en intereses acumulados, para un total de 165,3 millones de bolívares. A esto se sumaban reclamaciones extranjeras por supuestos daños sufridos durante las guerras civiles, que ascendían a 186,5 millones de bolívares adicionales. Los ingresos fiscales anuales apenas promediaban 30 millones de bolívares, lo que hacía materialmente imposible el servicio de la deuda.

Cipriano Castro, quien había llegado al poder en 1899, tras la Revolución Liberal Restauradora, su administración sostenía que gran parte la deuda había sido contraída por gobiernos anteriores ilegítimos, que muchas reclamaciones eran exageradas o fraudulentas, y que los tribunales venezolanos —no las cortes internacionales ni las "cañoneras" extranjeras— debían tener jurisdicción exclusiva sobre las disputas. Esta posición, conocida como la "Doctrina Castro", negaba el trato preferencial a cualquier nación acreedora.

Las negociaciones diplomáticas entre 1900 y 1902 fracasaron sistemáticamente. Alemania, bajo el káiser Guillermo II, con la influencia del canciller Bernhard von Bülow, fue la más beligerante, especialmente porque los intereses alemanes eran significativos ya que la empresa Krupp, un histórico y poderoso conglomerado industrial alemán, de los siglos XIX y XX especializado en la siderurgia y la fabricación de armamento, había construido el Gran Ferrocarril de Venezuela, iniciado en 1887 bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco y terminado 1894 durante la presidencia en de Joaquín Crespo, valorado en 60 millones de marcos, y los comerciantes alemanes dominaban el sector........

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