La historia de las relaciones internacionales ha sido, con frecuencia, una narrativa de asimetrías disfrazadas de diplomacia. Sin embargo, en el caso de la política exterior estadounidense hacia Venezuela, nos encontramos ante una disonancia cognitiva que trasciende la mera retórica para convertirse en un mecanismo de asfixia sistemática.

Es curiosa "la supuesta confianza" en Venezuela que transmiten a través del verbo imperial, y la contradicción entre las palabras "cordiales" que emanan de Washington, cuando en la realidad, es una arquitectura sancionatoria que busca, en última instancia, el tutelaje de nuestras instituciones.

Resulta paradigmático observar cómo la vocería presidencial estadounidense alterna entre una supuesta voluntad de diálogo y la reafirmación de un cerco económico sin precedentes. Se habla de "llevarse bien" con figuras que ellos mismos pretenden investir de autoridad, mientras simultáneamente se mantienen activas las órdenes ejecutivas que paralizan el aparato productivo del país.

Esta estrategia no es casual. Mientras el discurso oficial se viste de preocupación humanitaria, (en una evidente manipulación) cuando las acciones concretas se traducen en un bloqueo de las cuentas soberanas y la imposibilidad de transar en los mercados financieros internacionales.

Las sanciones han impactado directamente en las variables macroeconómicas que definen el día a día del venezolano: Inestabilidad cambiaria: El bloqueo impide que el Banco Central de Venezuela pueda maniobrar con eficiencia para estabilizar la moneda nacional.

Inflación inducida: Al restringir el acceso a divisas y bienes intermedios, se genera una presión alcista en los precios que castiga al consumidor. Erosión del salario: La imposibilidad de exportar libremente nuestras riquezas limita la capacidad del Estado para financiar una escala salarial justa y competitiva para las y los trabajadores.

El control financiero que ejerce el imperio sobre la exportación de petróleo y oro venezolano es la prueba más fehaciente de una voluntad colonial. Bajo la premisa de "proteger" los activos, lo que se ha ejecutado es una confiscación de facto. Impedir que Venezuela comercialice sus recursos naturales con soberanía es un ataque directo al Derecho al Desarrollo y una violación flagrante del principio de no injerencia.

Respeto sí, sanciones no. Solo con el levantamiento total del bloqueo y las sanciones, podremos hablar de una era de cooperación genuina y de una estabilidad económica que nazca de nuestra propia capacidad productiva.

No puede haber "buena relación" si una de las partes mantiene un pie sobre el cuello económico de la otra.

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