Mediante una asombrosa correlación de fuerzas impuesta desde los centros de poder político - financiero de Occidente, la oposición logró desarticular y renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela, entregando a cambio una moneda de cambio tan etérea como peligrosa: la mera "gestión futura" del oro soberano venezolano ilegalmente secuestrado en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

Esta transacción no solo constituye un despropósito jurídico, sino una agresión flagrante al principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales consagrado en la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de la ONU. Estamos ante la consumación de una extorsión institucional disfrazada de diplomacia.

El Tribunal Supremo de Justicia no es un mero órgano administrativo; es la cúspide del Poder Judicial y el máximo garante del orden constitucional de un Estado soberano. En cualquier doctrina seria de derecho público, la composición de los poderes constituidos es una cuestión de estricta jurisdicción interna (domestic jurisdiction), blindada por el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas contra la injerencia extranjera.

No obstante, lo que se ha negociado en la mesa de diálogo subvierte este principio fundamental. La exigencia de defenestrar y sustituir a la totalidad de los magistrados del máximo tribunal responde a........

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