Las recientes declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (21 de marzo del 2026) en el Foro de la CELAC-África en Bogotá no son simplemente una pieza de oratoria diplomática; representan una ruptura epistemológica con la doctrina de la "asistencia dirigida" que Washington ha impuesto en el Hemisferio Occidental durante más de un siglo. 

Al cuestionar bajo qué artículo de la Carta de las Naciones Unidas (o incluso bajo qué mandato ético) una potencia se arroga el derecho de asfixiar economías y tutelar democracias ajenas, Lula pone el dedo en la llaga de la crisis del orden liberal internacional: la brecha entre la legalidad formal y la praxis imperial.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, la soberanía no es una concesión, sino un atributo intrínseco de los Estados. Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Cuba y Venezuela, lejos de ser herramientas "pro-democracia", constituyen violaciones flagrantes al principio de no injerencia y a la libre determinación de los pueblos.

Como bien señala el mandatario brasileño, no existe párrafo en la Carta de la ONU que faculte a un Estado para ejercer un bloqueo financiero o comercial que castigue colectivamente a una población civil con fines de cambio de régimen. 

Al utilizar el dólar y el sistema SWIFT como armas de guerra, Estados Unidos ha transformado la arquitectura financiera global en un dispositivo de control político, despojándola de su supuesta neutralidad técnica.

El hecho de que estas palabras hayan sido pronunciadas en un encuentro entre la CELAC y África no es casual. Estamos ante una reconfiguración de fuerzas donde el Sur Global reconoce que sus traumas históricos (el colonialismo en África y el intervencionismo en América Latina) tienen una raíz común.

La insistencia de Lula en que "no son dueños de nosotros" es un llamado a la construcción de un mundo multipolar donde la legalidad internacional prevalezca sobre el "orden basado en reglas" (un eufemismo utilizado por potencias occidentales para aplicar normas de forma selectiva).

Brasil, bajo este liderazgo, busca posicionarse no como un satélite de las agendas de Washington, sino como un puente. Esta postura desafía la lógica de la Guerra Fría que intentan revivir quienes ven en la región un tablero de ajedrez y no un conjunto de naciones con intereses propios.

Lula plantea una paradoja necesaria: ¿Cómo puede ser "democrático" un acto que ignora la voluntad soberana de un pueblo y busca imponer autoridades desde el exterior? La historia latinoamericana está plagada de intervenciones supuestamente justificadas bajo el manto de la "libertad" que terminaron en décadas de autoritarismo y despojo.

Al referirse a que ni siquiera en la Biblia se encuentra justificación para la invasión o el bloqueo, el presidente apela a una ética universal que trasciende lo jurídico. Es una denuncia contra la arrogancia civilizatoria de quienes se consideran jueces y parte en el tribunal de la historia.

El siglo XXI exige que el Derecho Internacional recupere su esencia: proteger al débil de la arbitrariedad del fuerte. La unidad entre América Latina y África propuesta en Bogotá es el camino para blindar nuestras economías de sanciones que carecen de legitimidad democrática.

La soberanía nacional no es un concepto arcaico del siglo XIX; es, hoy más que nunca, la única garantía de supervivencia frente a agendas externas que pretenden dictar el destino de nuestros pueblos. 

El mensaje es claro: la era de la obediencia debida ha terminado. Somos los únicos dueños de nuestro territorio, nuestro subsuelo y, sobre todo, de nuestro futuro político.

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