1.Este 8 de marzo de 2026 celebramos el día internacional de la mujer en un contexto mundial de violencia contra las mujeres y niñas víctimas de los conflictos en sus países de origen, amenazas externas y agresiones militares en varios territorios, entre ellos Palestina, Irán, Líbano, Siria, Ucrania, Rusia, Sudán, República Democrática del Congo, Níger, Nigeria, Burkina Faso, Yemen, Somalia, Libia, Afganistán, Haití y Cuba. La violencia perpetrada contra la existencia material, los cuerpos y las opciones alternativas para una vida cotidiana favorable al desarrollo de las potencialidades de mujeres y niñas está siendo diariamente truncada por causas estructurales de naturaleza económica, política, cultural, religiosa y ambiental.

2.Los conflictos internos, las guerras, la pobreza y la desigualdad social se ensañan principalmente contra las mujeres (jóvenes y ancianas), las niñas y adolescentes. La Organización de las Naciones Unidas, en particular ONU Mujeres y UNICEF, ha documentado a través de los relatores de derechos humanos y los expertos en el área que las mujeres y las niñas continúan siendo afectadas en su integridad física y psicológica por las acciones de violencia y las practicas de sobrevivencia individual y familiar.

3.La igualdad de género continúa siendo una tarea mundial inconclusa. La desigualdad jurídica de las mujeres y niñas en los países miembros de la ONU se observa en un conjunto de indicadores y déficit reales: los escasos o inexistentes sistemas de protección social pública y universal; el desempleo o empleo precario; las contrataciones por tiempo determinado que impiden la estabilidad laboral; los bajos salarios y la eliminación arbitraria de los beneficios contractuales; el restringido disfrute de los bienes culturales emancipadores; el desigual acceso a la educación de calidad; la alimentación con poca aportación de nutrientes; los obstáculos para acudir a la justicia y denunciar la violencia; y la sobrecarga de las labores de cuidado (crianza y trabajo doméstico no remunerado). En efecto, la prevalencia de la división sexual del trabajo, bajo premisas culturales, ideológicas y religiosas, constituye una de las causas domésticas y políticas de la dominación patriarcal sobre las mujeres y niñas.

4,De acuerdo con ONU Mujeres, a nivel mundial las mujeres y niñas sólo cuentan con el 64% de los derechos legalmente reconocidos en comparación con los hombres, situación que genera discriminación, violencia de diverso tipo y exclusión social. Al respecto, señaló Sima Bahous: "Cuando se niega la justicia a las mujeres y niñas, el daño va mucho más allá de un caso concreto. La confianza pública se erosiona, las instituciones pierden legitimidad y el propio Estado de derecho se debilita. Un sistema judicial que falla a la mitad de la población no puede alardear de estar defendiendo la justicia".

5. La realidad de Venezuela no es diferente. Si bien la Constitución de 1999 y las leyes orgánicas no establecen una diferenciación de derechos, deberes y responsabilidades entre mujeres y hombres, también es cierto que persiste la dualidad normativa, es decir, la amplia brecha entre las prescripciones legales, el sistema de protección social y las condiciones reales de vida (materiales y subjetivas).

El conflicto político de los últimos 25 años y la crisis económica prolongada -desde 2014 hasta la actualidad- han afectado la inclusión social efectiva (no retórica ni propagandística) de las niñas y mujeres de nuestro país. La crisis estructural se evidencia en la pobreza y desigualdad social existente, el alto costo de los alimentos y medicinas, la inflación, el deterioro de los servicios de salud, educación, transporte, agua potable y energía eléctrica; el empleo precario y bajos salarios; la migración y la trata de personas. El mayor peso de la crisis estructural recae en las mujeres y niñas que se ven obligadas a definir estrategias de sobrevivencia básica y tejidos asociativos de apoyo para afrontar algunas de las necesidades insatisfechas.

El conflicto y la polarización política también ha permeado la movilización y defensa de los derechos económicos y sociales de las mujeres, obstaculizando la unidad como fuerza creadora de transformación con perspectiva de género. Ciertamente, las clases sociales y la cultura de los privilegios que deriva del poder inciden en la acción colectiva de los movimientos de mujeres.

Abogamos por el tiempo de apertura, los diálogos de saberes en un escenario de pluralidad relativa o incipiente expresión libre y responsable de las disidencias en Venezuela para que contribuya a la formulación e implementación participativa de políticas públicas universales a favor de las mujeres y niñas sin distinción de ideologías políticas, adscripción partidista, clase social, sistema de creencias, grupo etario y horizonte de vida. La sociedad y el Estado tienen una gran deuda social y moral con las mujeres y niñas venezolanas que se encuentran dentro y fuera del país. La inclusión social y efectiva es una responsabilidad pública impostergable.

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