La visita del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas reconfirma el rumbo que ha tomado la política de Donald Trump hacia Venezuela tras el ataque militar del 3 de enero. Se avanza hacia una estrategia neocolonial para reorganizar el control sobre los recursos energéticos y minerales del país, con la colaboración y el acuerdo abierto del gobierno de Delcy Rodríguez.

Burgum llegó acompañado por representantes de más de "dos docenas de empresas estadounidenses, de las más grandes, de las más fuertes, de las mejores del mundo en minerales y minería", según sus propias palabras, con el objetivo explícito de asegurar minerales estratégicos como oro, coltán, bauxita, diamantes y tierras raras. Estos recursos ocupan hoy un lugar central en la disputa geopolítica mundial.

La visita ocurre dos meses después del ataque militar lanzado por Estados Unidos el 3 de enero contra Venezuela, una operación que marcó un punto de inflexión en la política de Washington hacia el país. Se suma a la llegada reciente de otros altos funcionarios estadounidenses —como el secretario de Energía, Chris Wright, y el jefe del Comando Sur— la instalación de la CIA y a la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas. Toda una procesión neocolonial del personal de alto rango estadounidense.

Burgum es el encargado dentro de la administración Trump de impulsar la estrategia estadounidense para garantizar el suministro de minerales críticos, considerados esenciales para la industria tecnológica, energética y militar. En el contexto de la creciente rivalidad con China por el control de las cadenas globales de materias primas, Estados Unidos busca diversificar sus fuentes de suministro y reducir su dependencia de otros países.

La ofensiva sobre los recursos estratégicos

"Venezuela es un país sumamente rico, contiene grandes reservas no solo de petróleo y gas, sino también de minerales críticos. En este mundo tan enorme, somos vecinos geográficos con mucha sinergia", recalcó el secretario de Interior. En otras palabras: Washington busca garantizar el acceso privilegiado de sus corporaciones a los recursos naturales y bienes comunes venezolanos.

Venezuela aparece en ese mapa como una reserva estratégica. En particular, los minerales del Arco Minero del Orinoco —una vasta región rica en oro, coltán, diamantes y tierras raras— se han convertido en un objetivo central de las grandes corporaciones mineras y de comercialización de materias primas. Es una zona devastada por años de extractivismo salvaje, a merced de la voracidad de empresas a costa de la destrucción ambiental.

El objetivo central de la visita de Burgum es garantizar para Estados Unidos el acceso no solo del oro, sino también de los recursos estratégicos venezolanos. Washington considera estos minerales fundamentales para su competencia geopolítica con China, especialmente para las industrias tecnológica, militar y energética.

Estados Unidos busca integrar los recursos naturales venezolanos a sus cadenas de suministro estratégicas, asegurando materias primas críticas en medio de la disputa mundial por minerales esenciales. No es casualidad que Burgum llegara a Caracas acompañado de empresarios y comercializadores de materias primas interesados en cerrar acuerdos concretos en minería y energía.

El gobierno de Venezuela "está haciendo un excelente trabajo", declaró Donald Trump, afirmando que el petróleo del país "ya está comenzando a fluir nuevamente". Estas declaraciones dejan claro el carácter de la nueva relación de dependencia: Venezuela se convierte en una fuente directa de recursos estratégicos para la economía estadounidense, bajo condiciones definidas en Washington.

La reforma a la Ley de Minas

En sintonía con esta agenda, el gobierno de Delcy Rodríguez anunció que presentará en los próximos días una reforma a la Ley de Minas para facilitar la entrada de capital extranjero en la explotación de oro, diamantes y otros minerales. La reforma busca replicar el modelo aplicado recientemente en la Ley de Hidrocarburos, que flexibilizó las condiciones para empresas privadas y transnacionales en el sector petrolero. Se apresura a cambiar las leyes para que las empresas de Estados Unidos y sus potencias aliadas puedan operar sin restricciones.

"Queremos pedir la colaboración de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para actuar con celeridad, que nosotros podamos presentar al pueblo de Venezuela, a los sectores empresariales nacionales e internacionales, las oportunidades de inversión y desarrollo en el área de la minería", expresó Delcy Rodríguez en compañía de Burgum.

En lenguaje claro: privatización absoluta, beneficios fiscales para el capital extranjero y eliminación de cualquier control estatal sobre los recursos. Trump, desde sus redes sociales, ya celebra el "profesionalismo" de esta nueva relación, mientras el petróleo y el oro comienzan a fluir hacia el norte.

El argumento oficial es el de siempre: atraer inversiones internacionales y "reactivar la economía". Pero detrás de ese discurso se esconde un programa de apertura total a las multinacionales para profundizar el saqueo de los bienes comunes del país. El propio Burgum elogió públicamente estas medidas para "eliminar los trámites burocráticos y que fluya la inversión de capital" y "las oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia no tienen límites". Traducción: que el saqueo no tiene límites.

Con la visita de Burgum se avanzó en acuerdos de negocios directos. Un ejemplo es el reciente acuerdo entre la multinacional Trafigura y la empresa estatal Minerven para la exportación de hasta mil kilos de oro venezolano que será canalizada directamente hacia el mercado estadounidense. Se trata de un modelo clásico de dependencia: recursos naturales que salen del país para alimentar las cadenas industriales y financieras de la principal potencia imperialista. Un esquema de extracción que recuerda a los modelos coloniales clásicos.

Sumisión política del gobierno nacional y recolonización

Como hemos venido señalando, tras la brutal agresión imperialista, que incluyó el descabezamiento del gobierno, con el secuestro del Jefe de Estado (y su esposa), la decisión de la casta gobernante ha sido la de preservarse lo más que pueda, a cambio de administrar la entrega nacional. Hasta ahora, han transado su supervivencia como casta a cambio de entregar el país. Algo más vergonzoso aún, en tanto que cumplen la función que Estados Unidos requiere y que por ahora no podría garantizar un personal político históricamente subordinado a Washington, como el que representa María Corina Machado: garantizar una transición pacífica -luego del contundente bombardeo y la extorsión militar, claro está-, lo más ordenada posible, hacia el estatus neocolonial del país.

Por eso el gobierno de Delcy Rodríguez, lejos de defender la soberanía nacional como ha sido su retórica histórica, se ha convertido en un gobierno colaboracionista en acuerdo con Washington, abriendo de par en par las puertas al saqueo, garantizando que las transnacionales estadounidenses tengan acceso irrestricto al petróleo, el gas, el oro y las tierras raras.

Estamos ante un gobierno tutelado que también se beneficia en su nuevo papel con el imperialismo estadounidense. Con ello no solo buscan preservarse, sino también favoreciendo tanto a la fracción burguesa que surgió al calor del chavismo en las últimas décadas con la cual la alta burocracia está vinculada directa o indirectamente, como también a los grupos económicos tradicionales, como hemos explicado en artículos recientes. En la Venezuela que emerge bajo la órbita de Trump y el colaboracionismo de Delcy Rodríguez, estas operaciones se vuelven particularmente favorables no solo para el capital transnacional, sino también para el poder económico local de los diversos colores.

Si bajo el gobierno de Maduro se venía avanzando en un curso entreguista y privatizador, derivado en un gobierno antiobrero y represor odiado por amplios sectores de masas, luego del 3 de enero las nuevas imposiciones de Washington y las visitas de altos funcionarios estadounidenses lo evidencian, se está ante un viraje hacia un estatus neocolonial que se está imponiendo.

En ese tablero político, el gobierno de Delcy Rodríguez, instalada como presidenta encargada, actúa en total colaboración y sumisión política a Trump y Marco Rubio, en consonancia con las élites empresariales y los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, y al mismo tiempo en beneficio de sus propios intereses y los de las diversas fracciones burguesas locales, ya sean las surgidas del chavismo o los viejos grupos de poder económico, como explicamos en el caso específico de los Cisneros, para solo poner un ejemplo.

Frente a esta ofensiva neocolonial, la defensa de los recursos naturales y de la soberanía nacional solo puede venir de la movilización independiente de los trabajadores y los pueblos, contra el imperialismo y contra los gobiernos que administran sus intereses. La clase trabajadora y el pueblo venezolano deben repudiar tanto la agresión imperialista como a este gobierno servil.

Delcy Rodríguez ha oficializado el camino de la entrega en su sumisión al imperialismo. La lucha por la defensa de nuestros rbienes comunes es inseparable de la lucha contra el imperialismo y contra el gobierno nacional que, en un acto de sumisión histórica, ha decidido no solo hipotecar sino entregar el futuro de la nación.

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