Venezuela: Ochenta años discutiendo el futuro y administrando la urgencia
Riqueza natural, pugna ideológica y desarrollo inconcluso (1945-2026)
Una lectura histórica, institucional y plural del desarrollo venezolano
Durante aproximadamente ocho décadas, Venezuela ensayó casi todos los grandes lenguajes políticos de la modernidad latinoamericana: democratización de masas, desarrollismo, socialdemocracia, democracia cristiana, nacionalismo petrolero, liberalización económica, militarismo, socialismo bolivariano, democracia participativa y, finalmente, una transición condicionada por una intervención extranjera. Pocas naciones dispusieron simultáneamente de una renta petrolera tan vasta, una ubicación caribeña y atlántica privilegiada, importantes recursos minerales, potencial hidroeléctrico, biodiversidad, tierras agrícolas y una población tempranamente urbanizada. Sin embargo, esa abundancia no se convirtió en una capacidad productiva, institucional y educativa acumulativa. La paradoja venezolana no consiste en haber carecido de proyectos, sino en haberlos sustituido antes de madurarlos; no en la ausencia de Estado, sino en un Estado muy poderoso para repartir y controlar, y demasiado débil para aprender, evaluar y mantener; no en la falta de política, sino en la hipertrofia de la disputa política sobre la construcción paciente de bienes públicos.
Este ensayo analiza las causas y consecuencias de esa trayectoria desde siete dimensiones —política, ideológica, filosófica, educativa, social, económica, cultural y partidista— y sostiene que el principal escollo fue la incapacidad de transformar la renta en instituciones impersonales, conocimiento, productividad y ciudadanía. El puntofijismo produjo estabilidad y movilidad social, pero también exclusiones, clientelismo y una representación cada vez más cerrada. El chavismo restituyó visibilidad y participación a sectores históricamente postergados, pero subordinó progresivamente el Estado, la economía y parte de la sociedad a una lógica plebiscitaria, centralizadora y personalista. Las sanciones externas agravaron de forma demostrable el colapso, pero no explican su comienzo; del mismo modo, la corrupción y los errores del socialismo bolivariano no borran las fracturas previas que hicieron posible su ascenso. La salida sostenible exige abandonar la historia usada como garrote y convertirla en conocimiento compartido.
Palabras clave: Venezuela; petróleo; rentismo; democracia; desarrollo; educación; partidos; chavismo; soberanía; instituciones.
El país de las ventajas y la república de los aplazamientos
Venezuela ha vivido con la extraña sensación de haber llegado tarde a un porvenir que parecía contratado de antemano. El subsuelo prometía riqueza; el Caribe ofrecía una puerta comercial; los grandes ríos sugerían energía; Guayana reunía hierro, bauxita, oro y posibilidades industriales; los llanos podían alimentar; las universidades formaban profesionales; la urbanización acercaba servicios y mercados. La geografía colocó sobre la mesa casi todos los ingredientes. La política, sin embargo, discutió durante ochenta años quién debía sentarse en la cabecera, quién servía el banquete y quién merecía la porción más grande. Mientras tanto, la cocina productiva quedó a medio construir.
No es una tragedia causada por un solo gobierno ni por una doctrina única. Es una sedimentación histórica. Cada etapa resolvió un problema y fabricó otro. El Estado desarrollista abrió carreteras, escuelas, hospitales e industrias, pero acostumbró a la sociedad a mirar hacia Caracas y al Tesoro antes que hacia la productividad. La democracia representativa domesticó el cuartel y amplió derechos ciertos derechos, otros los condenó hasta la muerte, y convirtió gradualmente a los partidos en aduanas de la participación. La nacionalización petrolera afirmó soberanía "chucuta" y creó una gran empresa pública, pero no disipó la ilusión de que ser dueño del recurso equivalía a dominar su tecnología y sus ciclos. La apertura de los años noventa intentó corregir desequilibrios, pero distribuyó sus costos con una rudeza social incompatible con la legitimidad necesaria. La Revolución Bolivariana reconoció agravios reales, ensanchó la voz popular y expandió políticas sociales durante la bonanza; al mismo tiempo, concentró poderes, debilitó contrapesos, castigó el disenso técnico y volvió aún más dependiente del petróleo la promesa de emancipación. Las sanciones y el aislamiento financiero, finalmente, apretaron el nudo hasta asfixiar capacidades que ya venían deterioradas. Hay que admitirlo, lo poco que se hizo bien, el imperio y los lacayos, más los apátridas impidieron ver con más claridad y fortaleza el impacto del avance y progreso logrado hasta ese momento. Negarlo no es solo un mezquindad mayúscula, es pegarse un tiro en el pies, porque llamar a un derrocamiento y a una invasión interna o externa para seguirle el juego al imperio es condenar a la nación a un atraso de siglos. Cada época tuvo sus contradicciones propias, pero desde 1999 no tan solo hubo las contradicciones propias de un gobierno sino el constante sabotaje para que no logrará ningún avance o desarrollo, la pena es capital, la mezquindad y pobreza humana es mayor de aquellos que se abogaba no que nunca hicieron, fuesen con rostros del pasado o con otros nuevos, pero el pensamiento es el mismo.
El propósito de este balance no es repartir absoluciones simétricas. Las responsabilidades no pesan igual ni ocurrieron bajo las mismas condiciones. Se trata de escapar de dos catecismos cómodos: el que culpa de todo a 1999 y convierte las cuatro décadas anteriores en una Arcadia democrática; y el que explica toda la ruina por el imperialismo, como si antes de las sanciones no existieran controles distorsionantes, déficit monetizado, expropiaciones fallidas, corrupción, caída operativa de PDVSA y pérdida de autonomía institucional. La historia seria incomoda a todos porque impide que una parcialidad se proclame inocente y que la otra sea reducida a caricatura.
Arturo Uslar Pietri formuló en 1936 la consigna de "sembrar el petróleo". La frase sobrevivió a su contexto hasta convertirse en examen de conciencia nacional. Sembrar no era gastar: era transformar una renta fugaz en capacidad duradera. Terry Lynn Karl llamó "paradoja de la abundancia" al modo en que los booms petroleros pueden debilitar instituciones fiscales y productivas. Fernando Coronil describió el "Estado mágico": el poder que aparece ante la sociedad como taumaturgo capaz de convertir dinero mineral en modernidad visible. Asdrúbal Baptista mostró que la renta internacional del petróleo no era un ingreso convencional producido por el esfuerzo doméstico, sino una transferencia extraordinaria que podía ampliar consumo e inversión mientras ocultaba la baja productividad del resto de la economía. Las tres ideas iluminan una misma escena: el petróleo no determinó el fracaso, pero modificó los incentivos con los cuales venezolanos y gobiernos imaginaron el desarrollo.
1945-1958: ciudadanía de masas, modernización y tutela militar
El ciclo que se abre en 1945 colocó en primer plano la democracia electoral, la educación popular y la incorporación política de mayorías antes subordinadas. Acción Democrática expresó una alianza modernizadora que entendía el sufragio como instrumento de integración nacional. Rómulo Betancourt vinculó en su pensamiento política, petróleo y construcción estatal: captar una porción mayor de la renta debía servir para convertir una sociedad rural, enferma y desigual en una república de ciudadanos. La Constitución de 1947 y la elección de Rómulo Gallegos representaron una ruptura democrática, aunque el experimento fue breve y quedó cortado por el golpe de 1948.
La década militar posterior, culminada por Marcos Pérez Jiménez, instaló otra filosofía del progreso: orden, obra pública, inmigración, urbanización e infraestructura bajo conducción autoritaria. La llamada doctrina del Nuevo Ideal Nacional suponía que el territorio podía modernizarse desde arriba, con cemento, autopistas, industrias básicas y disciplina. Sus defensores recuerdan obras tangibles; sus críticos señalan represión, exclusión política, corrupción y una ciudadanía tratada como espectadora. Ambas observaciones pueden ser simultáneamente ciertas. Un viaducto no concede libertad; una elección tampoco sustituye un sistema de agua potable. El error venezolano consistió, una y otra vez, en presentar esos bienes como contrarios: infraestructura o derechos, eficacia o pluralismo, orden o justicia.
En esos años se consolidó un patrón que sobreviviría a dictaduras y democracias: el centralismo fiscal alimentado por el petróleo. Como el Estado recibía directamente la renta externa, no necesitaba negociar con contribuyentes nacionales en la misma proporción que otros Estados. La ciudadanía aprendió a exigir distribución, pero el vínculo tributario —pagar, vigilar, exigir cuentas— permaneció incompleto. Douglass North insistió en que las instituciones son reglas e incentivos que reducen incertidumbre; en Venezuela, la regla decisiva fue que la llave petrolera se encontraba en el centro político. Quien conquistara el Estado administraría no solo leyes, sino el principal ingreso de la sociedad.
La caída de Pérez Jiménez en 1958 abrió una oportunidad extraordinaria. Partidos que habían sufrido exilio y persecución comprendieron que la democracia no sobreviviría si cada elección era interpretada como una guerra final. El Pacto de Puntofijo entre Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática comprometió respeto a los resultados y cooperación básica. Fue un acuerdo defensivo contra la recaída autoritaria. Sin embargo, su posterior conversión en sistema estable también delimitó quiénes eran interlocutores legítimos. La exclusión del Partido Comunista —actor importante en la resistencia clandestina— y la posterior insurgencia armada de sectores de izquierda revelaron desde temprano que el consenso democrático nacía con una frontera.
1958-1973: la república civil y el costo oculto de la conciliación
La democracia inaugurada en 1958 logró algo excepcional en la región: alternancia civil, partidos nacionales, subordinación progresiva de las Fuerzas Armadas, expansión educativa y capacidad para procesar conflictos sin golpes recurrentes. La Constitución de 1961 ofreció un marco duradero. Los gobiernos de Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera enfrentaron guerrillas, conspiraciones militares, desigualdad y una sociedad en urbanización acelerada. La pacificación de los años sesenta y comienzos de los setenta incorporó a buena parte de la izquierda a la competencia legal, demostrando que la democracia podía ensancharse.
Juan Carlos Rey conceptualizó este orden como un "sistema populista de conciliación": partidos, sindicatos, empresarios, Fuerzas Armadas, Iglesia y organizaciones profesionales negociaban intereses bajo el paraguas distributivo del petróleo. El calificativo "populista" no significaba aquí simple demagogia, sino un mecanismo de integración sustentado en recursos que permitían compensar a diversos sectores sin obligarlos a discutir con rigor quién pagaría cada beneficio. La conciliación reducía el conflicto de suma cero, pero podía posponer reformas estructurales.
La política económica combinó sustitución de importaciones, protección arancelaria, inversión pública y expansión del mercado interno. La CEPAL y Raúl Prebisch habían defendido la industrialización como respuesta al intercambio desigual entre materias primas y manufacturas. En Venezuela, esa estrategia tenía una fuente de divisas privilegiada. Surgieron industrias, bancos de desarrollo, empresas estatales y grandes proyectos de infraestructura. La educación pública y universitaria se expandió. La democracia produjo movilidad social real y una clase media que no fue una invención propagandística.
No obstante, el modelo contenía cuatro fragilidades. Primero, muchas industrias dependían de protección, divisas baratas e insumos importados; fabricaban en el país sin construir suficientes encadenamientos tecnológicos nacionales. Segundo, la agricultura perdió población, inversión y prestigio frente al salario urbano y la importación subsidiada. Tercero, el federalismo fue débil: gobernadores designados desde Caracas y municipios fiscalmente dependientes limitaron el aprendizaje local. Cuarto, los partidos, inicialmente escuelas de ciudadanía, comenzaron a colonizar sindicatos, asociaciones y empleos........
