Hay países que pierden sus recursos por falta de reservas. Venezuela corre un peligro distinto, perderlos por exceso de codicia ajena y por debilidad propia, por grietas legales, por improvisación política, por “urgencias” presentadas como inevitables y por la tentación de firmar cualquier cosa a cambio de oxígeno inmediato. En ese escenario, el petróleo deja de ser proyecto nacional y se convierte en botín: una piñata. Y cuando una piñata se rompe, los que recogen más no suelen ser los niños del barrio, sino los invitados con mejores bolsillos.

En estas semanas, el tema dejó de ser una discusión abstracta sobre soberanía energética y pasó a la crudeza de los titulares. Medios internacionales han reportado un giro de Washington hacia un esquema de licencias más amplias para operaciones petroleras y un paquete de inversiones y “reconstrucción” condicionado a reformas, con una narrativa que, según esas fuentes, coloca el petróleo venezolano en el centro del tablero. En paralelo, organizaciones de vigilancia y análisis han denunciado que el lenguaje público de la Casa Blanca y de actores privados normaliza la idea de “administrar” o “asegurar” ingresos petroleros venezolanos bajo objetivos de política exterior estadounidense. ¿Por eso hay alrededor de 27 agencias de Inteligencias extranjeras en el operando desde algún tiempo atrás? A saber qué es lo que buscan.

No se trata aquí de alimentar pánico, sino de activar defensas jurídicas, institucionales y ciudadanas. Porque si Venezuela no pone reglas claras y mecanismos verificables, la “piñata petrolera” terminará siendo una ironía cruel, se invocará la soberanía para justificar acuerdos opacos, o se invocará la “apertura” para justificar entregar renta y control. En ambos casos, el país pierde. Tampoco veo, y nadie se ha manifestado que en esas mesas de discusiones/negociaciones se hable del Esequibo, ósea que los EEUU reconozcan y obliguen a Guyana, a Inglaterra y al mundo en general, a firmar y reconocer la soberanía plena de Venezuela sobre el Esequibo y las aguas adyacentes, sean marítimas y fluviales. Obligar a Guyana a su nueva realidad territorial es un tema que hay que poner en esa mesa.

El punto de partida. La soberanía no es un slogan, es un candado legal. La Constitución venezolana no es ambigua respecto a la propiedad y al carácter estratégico de los recursos. Por ejemplo, en el artículo 12, dice: los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público inalienables e imprescriptibles.  También en el artículo 302 establece: el Estado se reserva la actividad petrolera y otras industrias estratégicas por conveniencia nacional, mediante ley orgánica. Por otra parte, en el artículo 303 recalca: por razones de soberanía económica y estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de PDVSA (o del ente que la sustituya). 

Esto no es retórica, es un marco de defensa. La palabra clave es “reserva”, el diseño constitucional apunta a que el corazón del negocio, la renta, el control y la conducción, no sea una mercancía de coyuntura. En minería, el régimen histórico también ha reiterado el dominio público sobre los yacimientos. La Ley de Minas, en su formulación clásica, declara que las minas o yacimientos pertenecen a la República y son bienes del dominio público, y ordena inventarios y planes de racional aprovechamiento. Si esto existe,........

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