Hay países que cuentan su historia en siglos. Otros la cuentan en guerras. Venezuela, desde hace más de un siglo, parece empeñada en contarla en barriles. Un barril entra en un pozo, sale de una tubería, pasa por una refinería, cruza un océano, llega a una terminal y, antes de convertirse en gasolina, diésel, plástico, fertilizante, asfalto o combustible de aviación, ya ha adquirido una dimensión política. En Venezuela, el barril nunca ha sido solamente una unidad de volumen. Ha sido salario, presupuesto, deuda, corrupción, modernización, dependencia, soberanía, golpe de Estado, diplomacia, revolución y, algunas veces, ilusión.

Por eso resulta imposible leer el reciente acuerdo petrolero entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la Administración de Donald Trump como si se tratara simplemente de un contrato entre una empresa y un Estado. No estamos ante una transacción ordinaria. Estamos ante un episodio de la larga historia de la relación entre Venezuela, el petróleo, el capital extranjero y el poder estadounidense. El 28 de agosto de 2026, Donald Trump anunció que Estados Unidos había alcanzado con Venezuela lo que calificó como "el mayor acuerdo petrolero de la historia", con acceso mayoritario estadounidense a más de 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. La Casa Blanca describió posteriormente una estructura que involucra 17 campos petroleros, derechos de largo plazo y una participación estadounidense en la empresa que desarrollaría esos activos.

Delcy Rodríguez, por su parte, presentó el acuerdo en términos diferentes: habló de 25 años, una meta superior a 1,5 millones de barriles diarios y más de 100.000 millones de dólares de inversión, estimando en 209.335 millones de dólares los ingresos fiscales venezolanos bajo un precio de referencia de 65 dólares por barril. Aquí aparece la primera matemática sospechosa. Si se produjeran exactamente 1,5 millones de barriles diarios durante 25 años, sin interrupciones, declinación de los campos, mantenimiento, paradas, limitaciones de transporte ni variaciones productivas, el resultado sería:

1.500.000 × 365 × 25 = 13.687.500.000 barriles. Es decir, aproximadamente 13.690 millones de barriles. No 11.000 millones. Mucho menos 65.000 millones. Los 65.000 millones corresponden, según la Casa Blanca, a las reservas probadas asociadas con los 17 campos; no significan que vayan a producirse íntegramente durante esos 25 años. Pero si utilizamos 11.000 millones de barriles como volumen de producción durante el período, entonces la matemática se aproxima a una producción media de: 11.000.000.000 ÷ 9.125 días = 1.205.000 barriles diarios.

Y aquí aparece otra curiosidad: los aproximadamente 19 dólares por barril que Delcy Rodríguez dice que recibiría Venezuela se parecen mucho más a dividir los 209.335 millones de dólares entre unos 11.000 millones de barriles que entre los 13.687 millones que resultan de producir 1,5 millones de barriles diarios durante 25 años. En efecto: 209.335 ÷ 11.000 = 19,03 dólares por barril. Pero: 209.335 ÷ 13.687,5 = 15,29 dólares por barril.

La aritmética, esa vieja enemiga de los discursos triunfalistas, acaba de entrar en Miraflores sin pedir permiso. Y la pregunta inevitable es: ¿qué acuerdo estamos realmente leyendo? Porque una cosa es un acuerdo político de 25 años; otra, una concesión o derecho contractual de 100 años; otra, una reserva probada de 65.000 millones de barriles; otra, una producción objetivo de 1,5 millones diarios; otra, una inversión anunciada de 100.000 millones de dólares; y otra muy diferente es el ingreso fiscal neto que efectivamente recibirá Venezuela. Confundir estas magnitudes sería como decir que el tamaño de una cuenta bancaria equivale al dinero que se puede retirar mañana. La historia petrolera venezolana enseña precisamente eso: la diferencia entre tener petróleo, producir petróleo, vender petróleo y convertir el petróleo en bienestar nacional es gigantesca. Y esa diferencia es el verdadero tema de este ensayo.

EL BARRIL COMO DESTINO HISTÓRICO

Arturo Uslar Pietri comprendió tempranamente que el petróleo podía ser una bendición temporal y, al mismo tiempo, una trampa estructural. En su célebre propuesta de "sembrar el petróleo", formulada en 1936, no estaba defendiendo simplemente gastar la renta. Estaba planteando transformar una riqueza agotable en capacidades permanentes. La pregunta fundamental era sencilla: ¿Qué queda cuando se acaba el petróleo? Una universidad. Una industria. Una agricultura moderna. Una infraestructura científica. Una población educada. Una burguesía productiva. Una clase trabajadora especializada. Un Estado institucionalmente fuerte. Eso era sembrar el petróleo. Pero Venezuela aprendió otra agricultura: sembró barriles y cosechó dependencia.

Fernando Coronil, en The Magical State, explicó con extraordinaria lucidez cómo la renta petrolera permitió al Estado venezolano presentarse como una especie de Estado mágico capaz de transformar súbitamente la sociedad mediante el dinero proveniente del subsuelo. El problema de la magia es que acostumbra al espectador a esperar milagros. El petróleo convirtió al Estado venezolano en un gigantesco distribuidor de renta. Pero la renta no crea automáticamente ciudadanía, ciencia, productividad ni instituciones. Puede incluso producir el efecto contrario: una sociedad acostumbrada a repartir riqueza antes que a producirla.

Bernard Mommer llevó esta discusión al terreno de la economía política petrolera. Su análisis de la renta revela que el problema venezolano no puede reducirse a "petróleo versus no petróleo". Lo esencial está en quién controla la renta, cómo se distribuye, bajo qué régimen fiscal se captura y qué estructura productiva se construye alrededor de ella. Por eso la discusión contemporánea no debe ser: "¿Queremos inversión extranjera?" La respuesta racional es obvia: sí. La verdadera pregunta es: ¿En qué condiciones, con qué participación nacional, durante cuánto tiempo, con qué obligaciones de inversión, con qué regalías, con qué impuestos, con qué transferencia tecnológica, con qué controles ambientales, con qué mecanismos de auditoría y bajo qué autoridad constitucional? Porque aceptar capital extranjero no es necesariamente entregarse al extranjero. Pero aceptar capital extranjero sin condiciones claras puede convertirse exactamente en eso.

GÓMEZ: CUANDO EL PETRÓLEO ENCONTRÓ AL IMPERIO

La historia comienza mucho antes de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Comienza con Juan Vicente Gómez. Y conviene hacer una precisión histórica desde el comienzo. Se suele afirmar que en 1908 llegaron los Marines estadounidenses a Venezuela coincidiendo con el ascenso de Gómez. La documentación histórica disponible no permite sostener esa afirmación en esos términos. La intervención militar estadounidense más conocida en esa etapa fue el contexto del bloqueo de 1902-1903, durante el gobierno de Cipriano Castro, cuando potencias europeas bloquearon puertos venezolanos y Estados Unidos intervino diplomáticamente bajo la lógica hemisférica de la Doctrina Monroe. Lo que sí puede afirmarse con contundencia es algo históricamente más importante: el ascenso de Gómez coincidió con la creación de condiciones extraordinariamente favorables para la expansión de las compañías petroleras extranjeras. La relación entre poder político, concesiones y capital extranjero se volvió estructural.

La investigación histórica de B. S. McBeth demuestra que la Ley de Hidrocarburos de 1922 creó condiciones jurídicas que facilitaron la extraordinaria expansión petrolera. Venezuela pasó de unos 6.000 barriles diarios en 1922 a aproximadamente 425.000 en 1936; para 1928 ya era el segundo productor mundial y el primer exportador. La historia petrolera venezolana nació, por tanto, con una paradoja: Venezuela poseía el recurso; las compañías poseían gran parte del conocimiento técnico, del capital, de la tecnología, de los mercados y de la capacidad operativa. Y allí apareció la dependencia. La concesión se convirtió en el idioma jurídico de aquella relación. El Estado decía: "Es mío el subsuelo". La compañía respondía: "Sí, pero yo sé cómo sacarlo". Y el intermediario venezolano añadía: "Yo conozco al hombre que puede conseguir la concesión". Así nació una de las grandes enfermedades políticas del país: la conversión del acceso al recurso natural en mecanismo de acumulación privada.

McBeth documenta que durante el gobierno de Gómez fueron otorgadas miles de concesiones y que una parte significativa terminó en manos de grandes empresas extranjeras. Shell, Exxon y Gulf llegaron a dominar prácticamente toda la producción al final del gomecismo. Venezuela se convirtió en potencia petrolera sin convertirse simultáneamente en potencia tecnológica. Ese detalle sería decisivo durante el siglo siguiente.

EL PETRÓLEO DESCUBRE A CABIMAS

El 14 de diciembre de 1922, el pozo Barroso II, en Cabimas, explotó con una fuerza que parecía una metáfora nacional. De aquel subsuelo salió petróleo a borbotones. Cabimas se convirtió en símbolo de la riqueza. Pero también se convirtió en símbolo de una pregunta que todavía no hemos respondido: ¿Puede una ciudad vivir encima de una riqueza gigantesca y seguir siendo pobre? La respuesta venezolana fue: sí. Y allí comenzó una geografía social que se repite hasta nuestros días.

El lago de Maracaibo fue transformado en una inmensa plataforma petrolera. Tuberías, torres, tanques, estaciones, muelles, carreteras y oleoductos aparecieron donde antes había comunidades, pesca, agricultura y ecosistemas. El petróleo produjo riqueza. Pero también produjo contaminación. Produjo empleo. Pero también produjo dependencia. Produjo ciudades. Pero no necesariamente ciudades planificadas. Produjo trabajadores especializados. Pero también campamentos petroleros y economías enclavadas.

La investigación científica sobre subsidencia en áreas petroleras del Lago de Maracaibo ha documentado hundimientos de la superficie terrestre asociados a décadas de extracción; en el área estudiada de Tía Juana se registraron desplazamientos verticales de hasta cuatro metros. Eso no es una metáfora. Es geología. El suelo literalmente bajó mientras el petróleo subía. Y quizá esa sea una de las imágenes más poderosas de la historia petrolera venezolana: el petróleo subía y algunas comunidades se hundían.

MEDINA, EL 50-50 Y LA PRIMERA GRAN BATALLA POR LA RENTA

La Ley de Hidrocarburos de 1943 constituye uno de los momentos decisivos de la historia petrolera nacional. Durante el gobierno de Isaías Medina Angarita se estableció un nuevo marco fiscal y jurídico. Posteriormente, el llamado principio del fifty-fifty se convirtió en una referencia internacional. La fórmula buscaba que Estado y compañías compartieran aproximadamente por partes iguales los beneficios derivados de la actividad petrolera. Documentos del propio Departamento de Estado estadounidense de la época describen cómo el principio de 50-50 se articuló mediante regalías, impuestos y mecanismos adicionales de participación estatal.

La paradoja histórica es fascinante. Venezuela era todavía un país periférico. Pero estaba enseñando al mundo petrolero una nueva matemática. El petróleo había sido concebido inicialmente como propiedad que las compañías podían explotar pagando determinadas rentas al Estado. El fifty-fifty introdujo una concepción distinta: la nación propietaria debía participar sustancialmente en la renta generada por su recurso. El modelo se difundió posteriormente por Oriente Medio. La experiencia venezolana influyó en países como Arabia Saudita y Kuwait. Es decir, Venezuela no siempre estuvo a la cola. Hubo momentos en los que Venezuela fue laboratorio de soberanía petrolera. El problema fue que nunca logró convertir plenamente esa soberanía fiscal en soberanía científica y tecnológica.

DEL DERROCAMIENTO DE MEDINA A PÉREZ JIMÉNEZ

La caída de Medina Angarita en 1945 abrió un nuevo capítulo. No sería serio reducir aquel acontecimiento exclusivamente a una conspiración petrolera. La política venezolana era mucho más compleja: democratización, conflicto entre élites, fuerzas armadas, partidos emergentes, demandas sociales y lucha por el poder. Pero tampoco sería serio eliminar el petróleo de la ecuación. En una sociedad donde el petróleo ya constituía la principal fuente de divisas, cualquier transformación política tenía inevitablemente una dimensión petrolera. Durante el llamado Trienio Adeco se profundizaron políticas destinadas a aumentar la participación estatal. El fifty-fifty se consolidó. Y después llegó Marcos Pérez Jiménez. Durante su dictadura se produjo un nuevo ciclo de concesiones.

En 1956, Pérez Jiménez abrió nuevamente la posibilidad de otorgar concesiones petroleras y recibió importantes sumas en bonos y compromisos. La prensa estadounidense describió entonces la búsqueda venezolana de superar la fórmula 50-50 y obtener una participación mayor, además de exigir refinación nacional, conservación del gas y transformación de los campamentos petroleros. La historia vuelve a mostrar una paradoja. El régimen de Pérez Jiménez fue autoritario. Pero la política petrolera no fue simplemente una entrega. Existió una preocupación por aumentar la participación estatal y por obtener ventajas adicionales. La pregunta, entonces, no es si Pérez Jiménez fue democrático. No lo fue. La pregunta petrolera es otra: ¿Cómo utilizó un Estado autoritario la renta petrolera y qué estructura productiva dejó? La respuesta nos devuelve nuevamente al problema de la siembra. Carreteras, grandes obras y modernización urbana no equivalen necesariamente a diversificación económica. La infraestructura puede modernizar un país sin transformar su estructura de dependencia.

LA DEMOCRACIA Y EL PETRÓLEO: LARRAZÁBAL, BETANCOURT, LEONI, CALDERA

Con la caída de Pérez Jiménez en 1958, Venezuela ingresó en una etapa democrática. La política petrolera experimentó una transformación decisiva. Edgar Sanabria, durante la Junta de Gobierno, aumentó la participación fiscal del Estado, rompiendo en la práctica con la vieja fórmula 50-50. La nueva distribución permitió que la participación estatal se aproximara al 60-40. Y luego apareció Juan Pablo Pérez Alfonzo. Pérez Alfonzo no fue simplemente un ministro. Fue uno de los arquitectos de una nueva concepción del petróleo. Comprendió que producir más no siempre significa ganar más. Comprendió que vender más barriles puede deprimir precios. Comprendió que los países productores necesitaban coordinarse. Y comprendió que la soberanía petrolera no podía descansar únicamente en poseer el subsuelo. Por eso participó decisivamente en la creación de la OPEP en 1960.

Durante los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera se desarrolló una política de defensa de la renta petrolera, control estatal y no otorgamiento indiscriminado de nuevas concesiones. La política de "no más concesiones" constituyó una ruptura con el modelo concesionario clásico. El mensaje era claro: el Estado venezolano no quería continuar regalando el futuro mediante concesiones que comprometieran décadas de explotación. Durante este período se consolidó también la idea de que Venezuela debía prepararse para asumir directamente la industria. Carlos Andrés Pérez recibiría finalmente esa herencia.

1976: NACIONALIZAR NO SIGNIFICABA TODAVÍA DESCOLONIZAR

El 1 de enero de 1976 Venezuela nacionalizó formalmente la industria petrolera. Nació PDVSA. La nacionalización constituyó un acontecimiento histórico. Pero aquí aparece una distinción que merece ser estudiada por cualquier estudiante de economía política: nacionalizar la propiedad no equivale automáticamente a nacionalizar el conocimiento.

Las antiguas compañías fueron sustituidas por empresas estatales como Lagoven, Maraven y otras filiales. PDVSA heredó buena parte del conocimiento técnico acumulado por las multinacionales. El Estado venezolano adquirió el control jurídico. Pero el sistema productivo continuó utilizando buena parte de la tecnología, los mercados, los servicios especializados y las relaciones internacionales desarrolladas bajo el modelo anterior. La investigación académica ha llegado a una conclusión provocadora: la nacionalización modificó la estructura de dominación extranjera, pero no........

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