Hay momentos en la historia política en los que una nación necesita distinguir entre adversarios, críticos, oportunistas y quienes, consciente o inconscientemente, terminan colocando sus intereses por encima de la soberanía nacional. Pero esa distinción exige algo fundamental: pruebas. Una acusación política no puede convertirse en una condena automática, y una sospecha no debe presentarse como un hecho probado.

La comparación con la llamada Lista Tascón resulta inevitable. Aquella lista nació en el contexto del referendo revocatorio de 2004 contra Hugo Chávez. El diputado Luis Tascón publicó en Internet los nombres de quienes habían firmado la solicitud. Human Rights Watch documentó posteriormente que la lista y el programa Maisanta fueron utilizados por funcionarios para prácticas de discriminación política, incluyendo despidos, restricciones laborales y decisiones sobre contratos públicos. En 2005, Chávez reconoció que la lista había sido utilizada para discriminar políticamente. 

La lección histórica es incómoda: una herramienta presentada como instrumento de verificación electoral terminó convertida en mecanismo de exclusión. Precisamente por eso, cualquier nueva “lista” debe ser concebida con enorme cuidado. No puede ser una lista de ciudadanos que piensan distinto. Debe ser, en todo caso, un registro argumentado de decisiones públicas, declaraciones verificables y actuaciones documentadas que hayan comprometido la soberanía venezolana. La pregunta que hoy se impone es otra: ¿quiénes, dentro y fuera del poder, trabajaron políticamente para que una intervención extranjera sustituyera la solución venezolana?

Aquí conviene separar categorías.

Primero están quienes solicitaron abiertamente intervención, presión militar o tutela extranjera. Segundo, quienes promovieron sanciones o mecanismos de presión internacional esperando que produjeran un cambio de gobierno. Tercero, quienes construyeron narrativas destinadas a convencer a los venezolanos de........

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