A horas de cumplirse 7 meses del secuestro del presidente Maduro, la deuda de la verdad del alto mando venezolano tras la operación estadounidense del 2–3 de enero de 2026 brilla por su ausencia.

Cuando el alto mando calla ante el secuestro de la soberanía, su silencio deja de ser prudencia y se convierte en la primera bandera del ocupante.

Hay fechas que entran en la historia por la puerta principal, acompañadas de clarines, decretos y discursos; y hay otras que se introducen por una ventana rota, a oscuras, mientras el país duerme y quienes habían jurado velar permanecen sumidos en una mezcla todavía inexplicada de sorpresa, desorganización, impotencia y silencio. La noche del 2 al 3 de enero de 2026 pertenece a esta segunda especie. No fue simplemente una madrugada de explosiones. Fue el instante en que el Estado venezolano quedó súbitamente confrontado con la distancia —inmensa, dolorosa, casi obscena— existente entre la retórica de la defensa integral y la realidad de su capacidad defensiva; entre el uniforme como símbolo y el mando como responsabilidad; entre la palabra soberanía, repetida hasta el desgaste en tribunas y cuarteles, y la soberanía efectiva, aquella que se demuestra cuando el peligro deja de ser tema de desfile y se convierte en aeronave hostil, interferencia electrónica, misil, comando de extracción y muerte.

Conviene comenzar con una precisión que no es pedantería cronológica, sino higiene intelectual. La operación se puso en marcha durante la noche del 2 de enero, según la cronología estadounidense, pero los bombardeos, la incursión en Caracas y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores se materializaron en la madrugada del 3 de enero, hora venezolana. Por ello, la denominación más rigurosa es "la operación del 2–3 de enero" y la fecha material del ataque en Venezuela es el 3 de enero. El gobierno estadounidense denominó la acción Operation Absolute Resolve; reconoció que había sido preparada durante meses, que integró fuerzas militares, organismos de inteligencia y cuerpos policiales, y que empleó más de 150 aeronaves para cubrir la extracción terrestre, según el balance oficial del Departamento de Defensa estadounidense. El gobierno venezolano informó que fueron alcanzadas zonas de Caracas y de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, como recogió Reuters el 3 de enero. Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados del territorio nacional y trasladados a Estados Unidos.

El hecho puede describirse con varios vocablos, dependiendo del marco político o jurídico desde el cual se lo examine: captura, extracción, arresto, incursión, ataque, intervención o secuestro. Pero ningún artificio semántico puede borrar lo esencial: fuerzas armadas extranjeras penetraron el espacio venezolano, atacaron instalaciones y áreas del país, mataron a decenas de personas y trasladaron por la fuerza al jefe del Estado fuera del territorio nacional. Expertos de las Naciones Unidas sostuvieron que el uso de la fuerza violó el artículo 2.4 de la Carta de la ONU; el Consejo de Seguridad debatió el peligroso precedente que la acción abría para la soberanía de los Estados. Se puede cuestionar a Maduro, su legitimidad electoral, su gobierno o la naturaleza del sistema político venezolano; lo que no se puede hacer, sin demoler todo el derecho internacional, es convertir la opinión de una potencia acerca de la legitimidad de un gobernante en licencia universal para bombardear, capturar y administrar países ajenos.

Ahora bien, que Venezuela haya sido víctima de una acción extranjera contraria al principio de soberanía no exonera a quienes tenían la obligación profesional, constitucional y moral de defenderla. Éste es el centro de la cuestión. Dos verdades pueden y deben coexistir: Estados Unidos es responsable de la agresión que ejecutó; y la dirigencia militar y de seguridad venezolana debe responder por el fracaso que la hizo posible o que, cuando menos, no logró impedir. Condenar al atacante sin examinar la conducta del guardián es propaganda. Examinar al guardián olvidando al atacante es complicidad. La responsabilidad intelectual exige sostener ambas verdades al mismo tiempo, aunque a los fanatismos de uno y otro bando les provoque urticaria.

I. La patria no es un decorado

Durante años, el lenguaje oficial venezolano convirtió la defensa nacional en una especie de ópera permanente. Había voces graves, escenografías de misiles, coros de milicianos, mapas del sistema defensivo territorial, maniobras, consignas y solemnes invocaciones a Bolívar. Se hablaba de guerra popular prolongada, defensa aeroespacial integral, fusión popular-militar-policial, apresto operacional y respuesta demoledora. El libreto era magnífico; el problema es que, al levantarse el telón de la realidad, la orquesta no tocó, los actores no supieron dónde colocarse y el protagonista fue sacado del escenario por una fuerza extranjera.

La ley venezolana no deja espacio para la vaguedad. La Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana establece que la misión fundamental de la institución es garantizar la independencia y la soberanía, asegurar la integridad territorial y ejecutar la defensa militar. La misma norma dispone que el ministro de Defensa debe asegurar la eficiencia y transparencia de la Fuerza Armada, dirigir y garantizar la ejecución de sus planes, y garantizar su funcionamiento, organización, equipamiento y adiestramiento. El Comando Estratégico Operacional debe formular y ejecutar los planes de campaña, conducir el empleo militar y desarrollar la defensa aeroespacial. El Estado Mayor Conjunto es definido como el máximo órgano de asesoría, planificación y control de las operaciones militares en el nivel estratégico operacional. La Guardia de Honor Presidencial tiene como misión expresa garantizar la seguridad, custodia e integridad física del presidente, y lo sé porque fui parte integral de ese cuerpo.

No estamos, pues, ante una responsabilidad etérea que pueda evaporarse en una nube de consignas. Había nombres, cargos, competencias, presupuestos, cadenas de mando, unidades, radares, sistemas de armas, servicios de inteligencia y protocolos. Si todo funcionó conforme a lo previsto, entonces los planes eran insuficientes. Si los planes eran adecuados, no se ejecutaron. Si se intentaron ejecutar y fueron neutralizados, debe explicarse cómo. Si existió penetración de inteligencia, debe determinarse dónde ocurrió. Si hubo órdenes tardías, interferidas o nunca emitidas, es indispensable saber quién debía impartirlas y por qué no llegaron. Si se decidió no escalar para evitar una guerra de mayores proporciones, debe mostrarse la decisión, su fundamento, la autoridad que la adoptó y las alternativas que fueron evaluadas. En cualquiera de esas hipótesis existe materia para una investigación seria. La única hipótesis que no puede admitirse es la del silencio como política de Estado.

El país no exige una película de acción ni una fantasía retrospectiva según la cual Venezuela hubiera podido derrotar sin costos a la maquinaria militar estadounidense. Exige algo más razonable y más democrático: verdad. Nadie sensato ignora la enorme asimetría tecnológica, aérea, electrónica, satelital y de inteligencia entre ambos países. Confundir la exigencia de rendición de cuentas con la demanda infantil de una victoria imposible es una maniobra de distracción. Una fuerza inferior puede ser sorprendida o vencida; lo que no puede hacer, si conserva honor institucional, es ocultar indefinidamente cómo fue sorprendida, qué medios empleó, qué órdenes recibió, qué falló, cuántos murieron, quién asumió el mando y qué correctivos se adoptaron.

II. Padrino López: once años de poder y una madrugada sin explicación

Vladimir Padrino López no era un funcionario recién llegado a un despacho cuya topografía desconocía. Había dirigido el Ministerio de Defensa desde 2014. Durante casi doce años fue la figura central del equilibrio castrense venezolano, presidió el Estado Mayor Superior y encabezó una institución que recibió cuantiosos recursos, desarrolló doctrinas de defensa integral y exhibió sistemas rusos y chinos como prueba de capacidad disuasiva. Por esa razón, su responsabilidad política no depende de que haya accionado personalmente un radar o impartido cada orden táctica. La responsabilidad ministerial existe precisamente porque el titular responde por la preparación, conducción general, eficiencia y supervisión de la estructura que dirige.

Tras la captura de Maduro, Padrino apareció en televisión, denunció el ataque, informó de víctimas y afirmó que Venezuela resistiría la presencia de tropas extranjeras. Posteriormente elevó a 47 el número de militares venezolanos muertos. Diosdado Cabello habló de cien fallecidos en total, mientras las listas y balances divulgados en distintos momentos ofrecieron cifras menores o parciales; Cuba confirmó la muerte de 32 integrantes de sus fuerzas militares y de seguridad. La disparidad quedó registrada en los sucesivos balances de Reuters sobre la cifra venezolana y sobre los fallecidos cubanos. La discordancia de los datos no es un detalle contable: muestra que, aun después de la catástrofe, el Estado carecía de una narración pública unificada y verificable acerca de lo sucedido.

El ministro debió comparecer ante el país con una cronología técnica. Debió explicar cuándo se detectó la incursión; cuál era el estado de los radares; qué sistemas fueron neutralizados; qué unidades respondieron; qué mandos perdieron comunicación; por qué el anillo de seguridad presidencial fue penetrado; qué protocolos se activaron en Fuerte Tiuna, La Carlota, La Guaira, Miranda y Aragua; y si hubo infiltración previa. No era necesario revelar secretos cuya publicación comprometiera operaciones futuras. Entre la transparencia absoluta y el mutismo existe un vasto territorio de responsabilidad democrática. Sin embargo, lo que predominó fue la fórmula ritual: condena, duelo, ascensos, homenajes, promesas de lealtad y cambio de página.

Más grave todavía: Padrino López permaneció en Defensa durante más de diez semanas después del desastre. El 18 de marzo fue reemplazado por Gustavo........

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